La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió mantener bajo su jurisdicción al exsenador Álvaro Ashton Giraldo, tras considerar que sus aportes resultan claves para esclarecer los nexos entre la política, el empresariado y el paramilitarismo en la Costa Caribe, especialmente en relación con el Bloque Norte de las AUC.
En su audiencia de aporte pleno, realizada en febrero de 2025, Ashton entregó un testimonio que reavivó el debate sobre la llamada parapolítica. Dentro de sus declaraciones, mencionó directamente al senador conservador Efraín Cepeda, expresidente del Senado y actual precandidato presidencial, a quien vinculó con acuerdos políticos y presupuestales que habrían favorecido a estructuras paramilitares, en particular al Frente José Pablo Díaz, comandado por alias Don Antonio.
Según Ashton, Cepeda y otros congresistas del Caribe —como Mario Enrique Varón Olarte, Jaime Cervantes Várelo, David Char Navas y Jorge Gerlein Echeverría— participaron en consensos para aprobar partidas del presupuesto nacional que terminaron financiando proyectos gestionados con la Alcaldía de Barranquilla y, de manera indirecta, fortaleciendo a las autodefensas. Estos recursos, según su versión, sirvieron como mecanismo de financiamiento político y territorial que consolidó el poder paramilitar en Atlántico y Magdalena.
La JEP subrayó que las afirmaciones de Ashton no implican una condena inmediata para las personas mencionadas, pero sí constituyen insumos de verdad contrastable que deben ser verificados. Por ello, ordenó remitir copias de las declaraciones a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, para que sean estas entidades las que definan si se abre una investigación formal contra los aludidos, especialmente quienes gozan de fuero constitucional, como es el caso de Cepeda.
El exsenador también señaló a otros actores políticos y empresariales, como el exalcalde Guillermo Hoenigsberg Bornacelly, el empresario David Name Terán, el contratista Julio Gerlein Echeverría y el exgobernador Trino Luna Correa. Según Ashton, estas figuras hicieron parte de una red amplia de cooptación institucional, en la que se articularon elites económicas, sectores políticos locales y grupos armados ilegales. Incluso mencionó a la masonería de Barranquilla como un espacio de encuentro y coordinación entre estos actores.
En su declaración, Ashton asumió responsabilidad política y moral por su rol en la expansión del paramilitarismo:
“Tengo que reconocer nuevamente mi responsabilidad personal y política. No fue indirectamente, fue conscientemente. Ratifico que fue una decisión deliberada mía”.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP concluyó que su aporte contribuye significativamente al esclarecimiento histórico de la parapolítica, por lo que decidió:
- Mantenerlo en el régimen de condicionalidad de la jurisdicción.
- Levantar la reserva de la audiencia para su publicación oficial.
- Trasladar la información a las instituciones judiciales competentes.
El señalamiento de Cepeda adquiere un fuerte impacto político, ya que se trata de un congresista con más de treinta años de trayectoria y hoy precandidato presidencial del Partido Conservador. Este episodio revive el debate sobre la persistencia de redes de poder vinculadas al paramilitarismo en el Congreso, un tema que el propio presidente Gustavo Petro ha advertido en varias ocasiones.
La JEP reiteró que su objetivo no es perseguir penalmente, sino garantizar la verdad plena y documentar cómo los intereses de la política, la economía y los grupos armados convergieron durante los años de mayor violencia en la región Caribe. Sin embargo, el traslado de estas revelaciones a la Corte Suprema y a la Fiscalía abre un nuevo escenario judicial que podría tener repercusiones en la carrera presidencial de Cepeda y en la configuración del poder político en Colombia.
