La gobernadora del Meta lideró la reunión donde se discutieron las acciones implementadas contra la criminalidad.
Redacción Extra
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, presidió recientemente un consejo de seguridad en el municipio de Lejanías. En compañía de la fuerza pública y alcaldes de los municipios de Puerto Rico, Granada y Lejanías, se discutieron las acciones implementadas en esas zonas, pero la pregunta de muchos pobladores es si estos esfuerzos han sido suficientes para enfrentar la creciente ola de criminalidad.
Grupo criminal
Aunque la gobernadora destacó la captura de más de diez presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Juanitos’ y los allanamientos a centros carcelarios dirigidos contra sus cabecillas, los ciudadanos metenses continúan sintiendo el fuerte accionar de este grupo criminal. La presencia de grupos armados en el municipio de Puerto Rico, mencionada durante la reunión, quedó en el aire como un recordatorio de que el problema de la criminalidad persiste y se profundiza a pesar de los esfuerzos anunciados.
Los metenses se preguntan por qué, a pesar de la articulación de esfuerzos y mesas de trabajo con diferentes gremios como el de los palmicultores, el flagelo del crimen sigue afectando su calidad de vida. La gobernadora afirmó que la seguridad es la base de la competitividad y que, si el Meta es seguro, atraerá grandes inversiones. Sin embargo, los negocios locales y los ciudadanos sienten que la falta de una estrategia clara y efectivas medidas de seguridad están arriesgando esa competitividad.
Reto
“El reto de la gobernación no solo radica en hablar de seguridad, sino en implementarla de manera tangible y constante. Si las operaciones militares y policiales en marcha no se traducen en una disminución real de la violencia y el narcotráfico, se corre el riesgo de que las palabras de la mandataria se conviertan en promesas vacías para una población cada vez más agobiada por el miedo y la inseguridad”, expresó un poblador.
Acciones
La comunidad del Meta exige acciones más contundentes y una verdadera evaluación de los resultados de las estrategias de seguridad implementadas. Los ciudadanos esperan ver mejoras palpables en la disminución de la criminalidad, en lugar de una simple retórica institucional que no refleja su realidad diaria.
“La seguridad pública es un derecho que debe garantizarse y no puede ser tratada como un elemento más de un discurso político”, puntualizó un ciudadano.
