El gobierno de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra 16 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro en respuesta a su participación en las elecciones presidenciales de julio, las cuales han sido calificadas de «fraudulentas» por Washington.
Las sanciones, que incluyen congelación de activos y restricciones de viaje, se imponen como parte de una presión continua sobre el régimen venezolano. La administración estadounidense argumenta que las elecciones no cumplieron con estándares internacionales de transparencia y equidad.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha señalado que estas medidas buscan responsabilizar a los individuos involucrados en la organización y supervisión de los comicios, y enfatizar su compromiso con la promoción de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
El gobierno venezolano ha rechazado las sanciones, acusando a Estados Unidos de injerencia y de tratar de desestabilizar al país. La comunidad internacional sigue de cerca la situación, con varias naciones y organismos expresando preocupaciones similares sobre la legitimidad de las elecciones.
