En una medida sin precedentes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la inclusión del presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior Armando Benedetti en la denominada “Lista Clinton” (oficialmente la lista de personas especialmente designadas – SDN / OFAC). La decisión se sustenta en alegaciones de que el mandatario colombiano habría facilitado actividades de tráfico internacional de drogas ilícitas, lo cual –según EE.UU.– contraviene sus normas de cooperación en materia antinarcóticos.
¿Qué implica esta sanción?
- La inclusión en la lista implica que los activos en EE.UU. de las personas señaladas pueden ser congelados y que ciudadanos o empresas estadounidenses tienen prohibido entablar negocios con ellas.
- Instituciones financieras en países socios suelen bloquear transacciones con personas designadas, lo que en la práctica reduce drásticamente su acceso a servicios financieros internacionales.
- Se trata de la primera vez en el siglo XXI que un presidente colombiano es incluido en esta lista; el documento de EE.UU. recalca el aumento récord en la producción de cocaína en Colombia bajo el Gobierno de Petro como uno de los factores determinantes.
Reacción del Gobierno de Colombia
El Gobierno colombiano, a través de la Cancillería de Colombia, calificó la decisión como una “ofensa al honor del país, del Presidente y de quienes trabajan en la lucha contra las drogas”. En un comunicado, se pidió a EE.UU. valorar la histórica cooperación bilateral y la soberanía de Colombia.
El presidente Petro, por su parte, publicó en su cuenta de redes: “Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió. Yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC”.
Consecuencias diplomáticas y políticas
- La decisión agrava la tensión diplomática entre Colombia y EE.UU., que ya venía marcada por diferencias sobre política antidrogas y cooperación bilateral.
- A nivel político interno, la sanción puede tener impacto en la lucha contra el narcotráfico, en la economía del país y en la imagen internacional del Gobierno.
¿Qué viene ahora?
Las entidades estatales colombianas iniciarán revisiones legales y diplomáticas para responder a la sanción. Por su parte, el equipo jurídico del presidente anunció que analizará acciones de defensa en el ámbito internacional. La comunidad internacional y los mercados estarán atentos a los próximos pasos de Colombia y EE.UU.
