Por primera vez en casi 30 años, Estados Unidos ha emitido una designación oficial de “no cooperante” hacia Colombia debido a la escalada en la producción de cocaína, al aumento de cultivos ilícitos y al debilitamiento percibido de las políticas antidrogas bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta medida, que suele acarrear consecuencias diplomáticas y posibles restricciones, no implicó la suspensión inmediata de ayuda, ya que Washington optó por otorgar una exención basada en intereses nacionales. Sin embargo, la decisión ha generado preocupación en múltiples sectores del país sobre las repercusiones en seguridad y en los programas financiados por EE. UU.
El gobierno colombiano reaccionó con críticas y defensas: Petro y sus colaboradores han señalado que la política antidrogas debe revisarse, alegando que las estrategias tradicionales no han logrado contener el problema. También han enfatizado que el país sufre pérdidas humanas, siendo víctima de los carteles y del crimen organizado, mientras piden una relación más equilibrada con Estados Unidos, que tenga en cuenta factores estructurales como la pobreza rural, la falta de infraestructura y la necesidad de alternativas económicas para las comunidades afectadas.
