Estados Unidos lanzó críticas al presidente Gustavo Petro durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. Washington acusó al Gobierno colombiano de socavar el progreso hacia una paz duradera con políticas irresponsables y de recurrir a retórica incendiaria en territorio norteamericano. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, al señalar que se ha desviado de su propósito inicial de verificar la desmovilización de las Farc para enfocarse en prioridades políticas como la justicia transicional y el apoyo a comunidades étnicas. Estados Unidos advirtió que revisa de cerca el mandato y que evaluará si continúa respaldándolo.
La renovación del mandato, que se someterá a votación a final de mes, es fundamental para mantener la verificación de la reincorporación de excombatientes, las garantías de seguridad, la aplicación de sanciones, la reforma rural y el capítulo étnico del acuerdo. Hasta ahora, esta decisión siempre ha contado con apoyo unánime, incluso de los cinco países con poder de veto. Sin embargo, la tensión actual en las relaciones bilaterales, tras la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas y las declaraciones de Petro en Nueva York, ha generado incertidumbre sobre el respaldo de Washington.
En representación de Colombia, la embajadora Leonor Zalabata defendió los avances en la implementación del acuerdo y resaltó la importancia de la Misión de Verificación, especialmente en las regiones más afectadas por la violencia. Subrayó que el acuerdo de paz sigue vigente y que el Gobierno está comprometido con su cumplimiento mediante reparación a víctimas, diálogos con los actores armados, formalización de predios, fortalecimiento de consejos comunitarios y consolidación de mecanismos de seguridad para el ejercicio político.
El jefe de la Misión de Verificación, Miroslav Jenča, en su primera intervención, presentó un balance de sus primeros días en el país y reiteró que el proceso de justicia transicional es un avance histórico para las víctimas y la reparación. Señaló que, pese a los retos de seguridad y financiación, la misión mantiene un trabajo objetivo y de acompañamiento a diferentes gobiernos.
Otros países también se pronunciaron. El Reino Unido destacó las primeras sanciones de la JEP, pero pidió acelerar la implementación ante la proximidad del noveno aniversario del acuerdo, además de mayor protección a excombatientes y líderes sociales. Francia insistió en priorizar la reforma rural y la formalización de tierras. Dinamarca, por su parte, exhortó a ampliar la presencia estatal en los territorios más afectados por el conflicto.
