La decisión del secretario de Educación de IBAGUÉ, DIEGO GUZMÁN, de retirar docentes de zonas rurales desató fuertes cuestionamientos ciudadanos.
Comunidades denuncian que la medida no respondió a criterios académicos, sino a presuntos intereses políticos ocultos, dejando estudiantes sin profesores. Líderes sociales hablan de maniobras administrativas para favorecer agendas internas, mientras crece el malestar por la falta de transparencia.
Padres, docentes y veedores advierten graves afectaciones al derecho educativo rural y exigen explicaciones claras. Se espera un pronunciamiento oficial de parte de la dependencia, que aclare responsabilidades inmediatas.
