Desde el 22 de septiembre, Ecuador vive una movilización nacional convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). El paro se originó como rechazo a medidas económicas del gobierno de Daniel Noboa, entre ellas la eliminación del subsidio al diésel y el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Las protestas se han extendido por diversas provincias, con mayor tensión en comunidades como Imbabura y San Miguel del Colón. En estas regiones se han denunciado casos de uso excesivo de la fuerza, represión policial y militar, y actos que afectaron garantías individuales, según testimonios ciudadanos.
En Quito la presencia militar es notoria, con miles de manifestantes concentrados tanto en el centro histórico como en zonas periféricas. Se registran más de cien detenciones, incluidas algunas de menores de edad. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos ha señalado que operativos militares han ingresado a zonas rurales y propiedades privadas alegando fines humanitarios, lo que ha generado rechazo social y denuncias de violación de derechos.
Las consignas que se escuchan en las calles expresan un fuerte malestar con la administración actual, y llaman a la salida del presidente. Grupos movilizados insisten en la necesidad de diálogo para resolver las demandas sociales, mientras la crisis política y social se intensifica.
