Un tribunal en Ecuador deberá determinar la responsabilidad de 17 militares señalados en un caso que ha conmocionado al país: la desaparición forzada, tortura y asesinato de cuatro adolescentes entre 11 y 15 años.
Los menores —identificados como Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo— fueron detenidos en diciembre pasado en el sector de Las Malvinas, en Guayaquil, por una patrulla militar. Días después, sus cuerpos fueron hallados incinerados cerca de una base militar.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó cargos contra 16 militares como autores directos y contra un oficial de alto rango como presunto cómplice, por los delitos de detención ilegal, desaparición forzada y tortura. El caso fue denominado “Las Malvinas”.
Un testigo declaró que, tras ser liberados por los militares, los menores fueron retenidos por una banda criminal. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas cuestionan esa versión, indicando que el testigo pudo haber sido presionado para declarar en favor de la defensa.
El presidente Daniel Noboa había declarado el año pasado un “conflicto armado interno” para justificar la presencia militar en operativos contra el crimen. Esa estrategia, antes vista como una medida para reforzar la seguridad, ahora enfrenta críticas por su posible vinculación con violaciones graves de derechos humanos.
Organismos sociales, derechos humanos y las familias de las víctimas exigen que el proceso judicial avance con transparencia, justicia y rendición de cuentas. Si los acusados son condenados, podrían enfrentar penas prolongadas, dada la gravedad de los delitos imputados.