El Gobierno de Ecuador anunció que deportará a 1.000 ciudadanos colombianos privados de la libertad, una medida que ya se encuentra en ejecución y que ha generado fuertes tensiones diplomáticas entre ambos países. Según informó el Ministerio del Interior ecuatoriano, esta decisión forma parte de una estrategia de seguridad interna y ha comenzado con el traslado de 700 personas desde diversas cárceles del país, de las cuales cerca de 450 ya han cruzado la frontera hacia Colombia por el Puente Internacional de Rumichaca.
Durante el mes de julio, las autoridades ecuatorianas instalaron aproximadamente 1.000 audiencias individualizadas para evaluar cada caso, basándose en un acuerdo ministerial firmado el pasado 2 de julio. El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) gestionó ante jueces la presentación de los presos, y en menos de 24 horas se emitieron las boletas de excarcelación y las órdenes de deportación correspondientes.
Colombia rechaza el procedimiento por falta de coordinación
La Cancillería colombiana reaccionó con una protesta formal, acusando al gobierno ecuatoriano de actuar de manera unilateral, sin permitir la construcción conjunta de un protocolo que garantizara la identificación plena, la verificación de la situación jurídica y el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos deportados. El Gobierno colombiano insistió en que esta forma de proceder viola principios básicos del Derecho Internacional, al tratarse —según su interpretación— de una deportación masiva.
Ecuador asegura el respeto al debido proceso en cada caso
Frente a las acusaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador respondió que no se trata de una deportación colectiva, ya que cada resolución fue tramitada de manera individual, con sus respectivas motivaciones judiciales y procedimientos administrativos. Además, se afirmó que desde el 8 de julio se había informado oficialmente al Consulado de Colombia en Quito sobre los procesos en curso, utilizando los canales diplomáticos adecuados.
La cartera del Interior reiteró que toda la operación se desarrolla bajo estrictos protocolos de seguridad y pleno respeto a los derechos humanos, sin revelar información sensible y garantizando el debido proceso de cada persona.
Un nuevo enfoque frente al conflicto interno y el hacinamiento carcelario
La decisión de Ecuador ocurre en un contexto de extrema violencia carcelaria y criminal que ha llevado al presidente Daniel Noboa a declarar al país en conflicto armado interno. Desde el año pasado, el mandatario impulsa la repatriación de presos extranjeros como una solución frente al hacinamiento y al control que ejercen bandas delictivas dentro de las prisiones. En total, unos 3.200 reos extranjeros, en su mayoría colombianos y venezolanos, forman parte del objetivo de esta política. Los presos deportados no cumplirán sus penas en Colombia y recuperan su libertad si no tienen procesos judiciales pendientes.
