Ecopetrol y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se encuentran envueltas en una controversia fiscal que escaló esta semana: la autoridad tributaria habría activado un proceso de cobro coactivo que afectaría cuentas de Reficar —la refinería de Cartagena, filial estratégica de la petrolera estatal— por una liquidación que, según reportes, asciende a alrededor de 1,3 billones de pesos. La compañía estatal denunció la posibilidad de un embargo que, de concretarse, podría paralizar operaciones clave en la refinería y generar efectos en la cadena de suministro de combustibles en Colombia.
¿Qué exige la DIAN y por qué?
La controversia se remonta a la interpretación de la DIAN sobre la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) en las importaciones de combustibles —gasolina y diésel— realizadas por la compañía entre 2022 y 2024. En informes previos y en requerimientos formales, la DIAN ha calculado obligaciones tributarias por montos muy superiores a los estimados por Ecopetrol, llegando en algunos escenarios a exigir cifras de hasta varios billones de pesos cuando se agregan otros periodos y conceptos. En este evento puntual a Reficar, la notificación líquida que habría entrado a cobro coactivo sería de aproximadamente 1,3 billones de pesos.
¿Qué es un proceso de cobro coactivo y qué facultades tiene la DIAN?
El cobro coactivo es la vía administrativa que utiliza la DIAN para exigir el cumplimiento forzoso de una obligación tributaria cuando el contribuyente no paga voluntariamente. Entre las medidas que puede ordenar están el embargo de cuentas bancarias, el secuestro de bienes y el gravamen de activos. En la práctica tributaria colombiana, la DIAN puede incluso practicar embargos por porcentajes que superan el monto inicial reclamado —en ciertos casos hasta el 200% del valor— para garantizar el recaudo de intereses y sanciones. Esa facultad es la que genera alarma: si la DIAN procede con medidas sobre las cuentas de Reficar, la operación inmediata de la refinería podría verse comprometida.
Reacción de Ecopetrol y pasos legales
Ecopetrol reaccionó formalmente con un comunicado y acciones judiciales. La compañía ha sostenido que no debe la suma reclamada en los términos que la DIAN plantea y argumenta que el ajuste tributario carece de fundamento técnico-jurídico. Según fuentes periodísticas y el propio pronunciamiento empresarial, Ecopetrol interpuso recursos legales —incluyendo acciones de tutela en casos relacionados y la presentación de los recursos de ley— buscando detener medidas coactivas mientras se dirimen las controversias. Ecopetrol además ha señalado el riesgo para la seguridad energética del país si Reficar fuese afectada.
Impacto operativo y económico (¿qué implicaría un embargo?)
- Paralización parcial o total de Reficar: un embargo que bloquee cuentas operativas podría impedir la compra de insumos, pago a proveedores y el financiamiento de actividades diarias de refinación, lo que a su vez podría reducir la oferta local de combustibles. Varios medios señalan escenarios en los que la producción de la planta podría detenerse si la situación no se resuelve rápidamente.
- Presión sobre precios y abastecimiento: la menor disponibilidad de diésel y gasolina podría trasladarse a precios más altos en estaciones y mayor volatilidad en mercados regionales. Analistas advierten además sobre efectos en la cadena logística y mayor dependencia de importaciones en momentos críticos.
- Efectos en las finanzas de Ecopetrol: además del desembolso reclamado, la empresa enfrenta incertidumbre sobre pasivos fiscales potenciales mayores (en reportes anteriores se ha mencionado la posibilidad de exigencias de hasta 9,4 billones o incluso cifras superiores si se incluyen otros periodos y conceptos), lo que podría afectar su capacidad de inversión y proyectos de transición energética.
Postura de terceros: sindicatos, analistas y el Gobierno
Sindicatos y representantes laborales han denunciado que el eventual cobro masivo del IVA podría ser usado para compensar vacíos fiscales del Estado a costa de la empresa pública, y han advertido sobre riesgos de sostenibilidad financiera y pérdida de empleo. Economistas y analistas legales han sugerido que la disputa tiene aristas técnico-tributarias complejas y que lo más probable es que termine en los estrados judiciales, con procesos de apelación y posibilidades de acuerdos o conciliaciones que eviten una afectación operativa mayor. En el plano político, el caso ha generado debates sobre la política fiscal y la relación entre el Estado como regulador y como accionista mayoritario de la compañía.
¿Qué puede pasar en los próximos días?
Las fuentes periodísticas advierten que, de mantenerse la liquidación y avanzar el cobro coactivo, la DIAN podría ejecutar embargos en un plazo corto —medios hablan de plazos que van de días a semanas— si no prosperan medidas cautelares de parte de Ecopetrol o Reficar. La compañía ha intentado frenar actuaciones mediante tutelas y recursos administrativos; el devenir judicial y administrativo determinará si las operaciones continúan sin interrupciones o si se abre una ventana de riesgo operacional.
Contexto histórico y legal: por qué la disputa es compleja
La discusión no es nueva: desde 2025 la DIAN ha venido cambiando su interpretación sobre la aplicación del IVA en importaciones de combustibles, defendiendo la tributación al 19% en ciertos casos que antes tenían tratamientos distintos. Ecopetrol ha pagado ya partes de las obligaciones exigidas en algunos momentos para evitar sanciones mientras mantiene recursos legales en curso, pero la magnitud de las cifras y la retroactividad reclamada elevan la complejidad jurídica. El caso combina normas aduaneras, interpretación de exenciones o no, y el cálculo de intereses y sanciones, por lo que es probable que la solución final demore y dependa del fallo de instancias administrativas y judiciales.
