Este sábado, el presidente Gustavo Petro encabezó en la Plaza de La Alpujarra, Medellín, un evento denominado «Un pacto por la paz urbana de Medellín», el cual contó con la presencia de nueve cabecillas de organizaciones mafiosas que azotaron al Valle de Aburrá.
Para el acto, que según la Presidencia de la República buscaba impulsar un acuerdo definitivo y verificable con las bandas criminales que azotan a Medellín y sus alrededores, fueron sacados de sus celdas una serie de personajes cuya sola mención causó terror en la ciudadanía: los alias ‘Douglas’, ‘Tom’, ‘Carlos Pesebre’, ‘Vallejo’, ‘El Indio’, ‘El Tigre’, ‘El Saya’, ‘Albert’ y ‘Juan 23’.
El traslado desde la cárcel hasta la Plaza de La Alpujarra de los delincuentes, en vehículos del INPEC, desató una oleada de críticas por parte de sectores políticos y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que consideraron que la exhibición pública de criminales convictos sentó un pésimo precedente, ya que dichos presidiarios cometieron graves delitos como homicidios, extorsiones, reclutamiento ilegal y protagonizaron actos de violencia de los cuales la población civil aún no se repone.
Sin embargo, todos los capos fueron ubicados en primera fila en el acto encabezado por el presidente Petro, lo que desató reacciones de incredulidad.
Petro defiende su idea
El gobierno, a través del presidente Petro, defendió la iniciativa como una apuesta para «emancipar» a una generación atrapada en la violencia urbana.
El jefe del Ejecutivo señaló que la juventud de los barrios populares sufre nuevas esclavitudes como la extorsión y la muerte. Insistió en que el diálogo con estas estructuras criminales resulta necesario para acabar con la gobernanza paramilitar y mafiosa que domina la región, y pidió a la Fiscalía que visite la cárcel de Itagüí para otorgar beneficios jurídicos que destraben el proceso de paz.
Duras críticas
Sin embargo, distintos sectores rechazaron fuertemente la presencia de estos cabecillas y generaron una polémica considerable. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó el acto como «la lápida» para la ciudad y denunció que Petro se reunió con «los jefes de la mafia que nosotros capturamos». Además, responsabilizó al presidente directamente por cualquier eventualidad que pueda sufrir. Gutiérrez afirmó que mientras él combate a estas estructuras, el presidente las premia con su presencia y respaldo público.
La concejal Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático, denunció que centenares de personas recibieron presiones mediante mensajes intimidantes para asistir al evento. Según la cabildante, hombres ajenos a las comunas populares como Popular, Santa Cruz, Manrique, Castilla y Aranjuez recorrieron casas y establecimientos comerciales, obligando a los vecinos a salir y acompañar la concentración. Incluso, aseguró, se reportó que líderes barriales recibieron órdenes en reuniones para convocar a sus comunidades bajo la consigna «Hay que ir o ir».
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también cuestionó el acto y en un trino indicó: “En lugar de subir a la tarima a jefes de organizaciones delincuenciales activas, lo que Colombia necesita es que rodeemos a las instituciones y apoyemos a los organismos de seguridad, a los jueces y a los fiscales en la lucha contra la delincuencia”.
¿Legitimidad institucional en duda?
Desde el punto de vista legal, la presencia en un acto público de cabecillas convictos de bandas criminales, que continúan delinquiendo desde la cárcel, genera serias dudas sobre la legitimidad y las implicaciones de esta estrategia. Funcionarios de la Alcaldía de Medellín y sectores de la opinión pública advierten que estas estructuras mantienen actividades ilícitas como tráfico de drogas y extorsión, lo que hace cuestionable la posibilidad de un proceso de paz sin una desarticulación previa efectiva.
Además, la exhibición pública de los capos mafiosos junto al presidente, según analistas y opinadores, puede interpretarse como un gesto simbólico que legitima su figura y poder, lo que genera alarma y rechazo.
El evento se desarrolló en un contexto de alta tensión política y social, donde el gobierno nacional enfrenta acusaciones de connivencia con estructuras mafiosas.
Petro denunció la existencia de una «junta del narcotráfico» internacional que opera desde Dubái y que estaría detrás de atentados y amenazas contra su vida y la estabilidad del país, lo que añade una dimensión compleja a la negociación con bandas criminales locales. Sin embargo, para sus críticos, la estrategia representa un riesgo para la seguridad democrática y una concesión inaceptable a la criminalidad organizada.
