Las autoridades del departamento de Norte de Santander capturaron recientemente a Nelson Andrés Acevedo Mera, un hombre de 32 años acusado de haber abusado sexualmente de una menor de edad durante casi siete años. El hecho, que conmocionó a la comunidad de Pamplona, fue denunciado en diciembre de 2024 por la familia de la víctima, lo que dio inicio a una rigurosa investigación por parte de la Fiscalía. La menor, quien quedó bajo el cuidado del presunto agresor desde los seis años, logró romper el silencio tras presentar señales de afectación emocional y académica.
La denuncia se interpuso después de que la niña revelara los abusos a su hermana mayor, quien alertó a la madre. La Policía de Norte de Santander y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) activaron el protocolo de atención a víctimas de delitos sexuales, brindando acompañamiento integral a la menor. Posteriormente, se recolectaron pruebas documentales y testimoniales que permitieron al Juzgado Segundo Penal Municipal de Pamplona emitir una orden de captura contra Acevedo Mera el pasado 12 de marzo.
Durante siete años habría estado abusando del menor de edad
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La detención del presunto abusador se llevó a cabo el 3 de abril en el barrio Las Margaritas, cuando unidades de la Policía lo ubicaron en vía pública. Según las autoridades, el hombre trabajaba como docente universitario y programador en una entidad financiera. A pesar de los intentos de su defensa por aplazar las audiencias, un juez dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario debido a la contundencia del material probatorio.
Este caso se suma a una preocupante alza de delitos sexuales contra menores en Colombia. Solo en lo corrido del año 2024, las denuncias por agresiones contra niños y adolescentes han aumentado en un 8%, con un total de 78.124 reportes. Entre los delitos más frecuentes se encuentran la violencia intrafamiliar, la inasistencia alimentaria y los actos sexuales abusivos, estos últimos con cerca de 11.000 denuncias. Las cifras muestran que los niños de entre 6 y 12 años son los más afectados.
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Preocupa especialmente el hecho de que el 95% de estos casos ocurren en zonas rurales, donde el acceso a servicios de protección es limitado. Departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Valle, Santander y Tolima registran los índices más altos. Esta realidad refleja una grave crisis estructural que requiere una acción más decidida del Estado para proteger a los menores, garantizar justicia y prevenir nuevas agresiones.
