El Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Ibagué ha sido objeto de cuestionamientos durante el primer año de la administración de la alcaldesa Johana Aranda, debido al notable incremento en el número de contratistas. Según el concejal Jorge Bolívar, mientras que el sistema avanza lentamente en su implementación, los contratos de prestación de servicios han experimentado un crecimiento acelerado.
Durante un debate realizado en el Concejo Municipal, se reveló que el SETP pasó de suscribir 79 contratos directos en 2023 a 114 en 2024. Esta cifra, sumada al aumento del gasto en personal de $703 millones en el último año del gobierno de Andrés Hurtado a $2.000 millones bajo la administración Aranda, ha generado críticas sobre la gestión de recursos y los criterios de contratación.
La comunidad denuncia la falta de un buen servicio de transporte público en la capital del Tolima.
Bolívar acusó al SETP de ser un «refugio político» para exfuncionarios de la administración municipal y señaló que más de 50 contratistas han sido vinculados mediante órdenes de prestación de servicios, muchos de ellos en roles cuestionables. «Es preocupante que se destinen recursos del sistema para pagar favores políticos, mientras los proyectos clave están estancados», afirmó el cabildante. Entre los proyectos rezagados mencionó la construcción del patio-taller, la adquisición de lotes para parqueaderos y la renovación de la flota vehicular.
Por su parte, el gerente del SETP, Aquileo Medina, justificó el aumento en la contratación como una medida necesaria para el desarrollo de proyectos de gran envergadura. Medina destacó que la contratación de perfiles variados, como psicólogos, trabajadores sociales y administradores, responde a la complejidad de los proyectos en curso, que incluyen inversiones de $40.000 millones, $10.000 millones y $18.000 millones.
El gerente defendió la inclusión de estos profesionales asegurando que es indispensable para estructurar correctamente las iniciativas del sistema. «Estos proyectos requieren una planeación integral y especialistas en diversas áreas para garantizar su éxito», señaló. Sin embargo, las explicaciones no han convencido a todos los sectores del Concejo, que exigen resultados tangibles para los ciudadanos. Mientras continúan las críticas, la administración Aranda enfrenta el desafío de demostrar que el incremento en la contratación realmente se traduce en avances para el transporte público de Ibagué. Por ahora, el debate sigue abierto, y las dudas sobre el destino de los recursos del SETP persisten.
