El Ministerio de Educación otorgó al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) un contrato por 57.695 millones de pesos con el objetivo de fortalecer el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP). Este acuerdo hace parte del plan cuatrienal 2023-2026 y tiene como propósito mejorar la calidad educativa en las comunidades indígenas del Cauca. Este contrato se suma a un convenio adicional firmado con la Gobernación del Cauca por 85.165 millones de pesos, también destinado a beneficiar el sistema educativo de las comunidades indígenas que forman parte de esta organización.
Criticas
El apoyo financiero busca responder a las necesidades de infraestructura, recursos pedagógicos y capacitación en las comunidades indígenas, lo que podría tener un impacto significativo en la educación de miles de estudiantes en estos territorios. Sin embargo, la noticia de estos contratos millonarios ha desatado una ola de críticas en redes sociales, especialmente por la coincidencia con el respaldo que el CRIC ha expresado en las recientes movilizaciones del 18 de marzo en Bogotá.
Más de 1.500 indígenas del CRIC viajaron a la capital del país para unirse a las protestas, las cuales fueron convocadas por el presidente Gustavo Petro. Los manifestantes permanecieron en la Universidad Nacional hasta el 21 de marzo, y su participación ha sido vista por algunos como una muestra de apoyo a la gestión del presidente. Las críticas han surgido por la coincidencia temporal entre los acuerdos gubernamentales y el respaldo político que el CRIC ha mostrado hacia las movilizaciones promovidas por el mandatario.
Este debate ha generado interrogantes sobre la relación entre las demandas sociales de las comunidades indígenas, los acuerdos gubernamentales y el apoyo político al presidente Petro. Mientras algunos defienden la legitimidad de los contratos como una forma de atender las necesidades históricas de las comunidades, otros señalan que existe un vínculo entre el respaldo político y los beneficios gubernamentales, lo que ha abierto un nuevo capítulo en la discusión sobre la equidad y las relaciones entre el gobierno y los movimientos sociales indígenas.
