La Fiscalía General de la Nación, en el marco de operaciones de investigación dirigidas contra grupos terroristas que operan en diversas zonas del Valle del Cauca, anunció la judicialización de dos mujeres, Natalia Andrea David Zea e Ingrid Tatiana Ocoró. Estas mujeres son señaladas de pertenecer a una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez, una de las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc, que ha mantenido actividad criminal en la región.
Pesquisas
Las autoridades señalaron que las procesadas habrían permitido el uso de sus viviendas, ubicadas en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, para el almacenamiento de armamento destinado a esta organización criminal. Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía Seccional Valle, las dos mujeres tendrían un rol activo dentro de esta red, proporcionando apoyo logístico y colaborando con el grupo en su actividad ilícita. La captura de estas dos mujeres se llevó a cabo durante un operativo conjunto entre el Grupo de Operaciones Especiales y los comandos Jungla de Antinarcóticos. La operación tuvo lugar en un inmueble de dicho municipio, donde las mujeres fueron sorprendidas por las autoridades. Durante el operativo, se habrían encontrado pruebas que refuerzan la hipótesis de que las acusadas prestaban sus viviendas para el almacenamiento de armas y municiones destinadas a la estructura ilegal.
Imputación
El ente acusador, en cabeza de un fiscal de la Seccional Valle, imputó a Natalia Andrea David Zea e Ingrid Tatiana Ocoró los delitos de concierto para delinquir con fines de terrorismo, debido a su presunta participación en la organización criminal. Sin embargo, durante la audiencia, las mujeres no aceptaron los cargos que les fueron imputados. A pesar de la negativa de las acusadas, un juez de control de garantías tomó la decisión de imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario.
Vinculación
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía revelaron que Andrea David Zea e Ingrid Tatiana Ocoró habrían comenzado su vínculo con la red de apoyo de la estructura Jaime Martínez el 16 de abril de 2024. Desde esa fecha, las mujeres supuestamente se habrían encargado de suministrar información clave sobre los movimientos de las autoridades en la región, especialmente del Ejército y la Policía.
Destacado
Según las investigaciones estas mujeres guardarían armas y brindaban información al grupo ilegal.
