Dos funcionarios de la UNP asesinados en Ricaurte, Nariño: El asesinato del líder indígena Aurelio Araujo Hernández y de sus escoltas, Jackson Orlando Solarte Chunatá y Jesús Albeiro Chávez Quenguan, ha conmocionado profundamente al municipio de Ricaurte, Nariño, y ha vuelto a poner en evidencia el grave riesgo que enfrentan los líderes sociales en Colombia.
Aurelio Araujo, recientemente elegido como coordinador de Camawari, ya había recibido amenazas debido a divisiones internas generadas por su nombramiento. Su asesinato se suma a una preocupante cadena de crímenes contra dirigentes del pueblo Awá. En lo que va de 2025, ya son dos los líderes asesinados solo en este municipio. Además, la muerte de James Tomas Guanga Quetal semanas atrás había encendido las alertas por las intimidaciones constantes hacia quienes aspiraban a cargos de liderazgo dentro de esta comunidad.
Dos funcionarios de la UNP asesinados en Ricaurte, Nariño
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Ante esta crisis, el alcalde de Ricaurte, José Ricardo Benavides Morán, instó al Gobierno nacional y a los organismos de derechos humanos a actuar de manera inmediata para frenar la violencia de los grupos armados que operan en la región. Reiteró la necesidad de medidas eficaces para proteger a las comunidades y recuperar la tranquilidad perdida. Su llamado refleja el clamor de una población que vive en permanente zozobra por la presencia de estructuras criminales como el ELN, al que se atribuye este último crimen.
Desde el nivel nacional, el presidente Gustavo Petro condenó el hecho con contundencia. Durante el último Consejo de Ministros, señaló directamente al ELN como el autor del asesinato múltiple y denunció la crueldad con la que se ejecutó el crimen. La Defensoría del Pueblo, por su parte, había emitido alertas tempranas sobre el riesgo extremo que enfrenta el pueblo Awá, cuyas condiciones de vida se ven constantemente deterioradas por amenazas, desplazamientos forzados, confinamientos y el reclutamiento forzado de menores.
Foto: El Pulso, el periódico de la gente
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Indepaz reportó que, con este caso, ya son 73 los líderes sociales asesinados en Colombia durante 2025, cifra que refleja el deterioro de la seguridad para quienes defienden los derechos humanos, el territorio y la autonomía de los pueblos originarios. Esta situación urge acciones reales y estructurales que combatan la impunidad, garanticen la protección de las comunidades y fortalezcan los procesos de paz y reconciliación en las zonas más golpeadas por la violencia.
