La violencia reapareció con fuerza contra los firmantes del Acuerdo de Paz en el Valle del Cauca. En menos de 24 horas, dos excombatientes fueron asesinados en hechos ocurridos en municipios vecinos del suroriente del departamento, lo que ha encendido las alarmas entre organizaciones sociales, de derechos humanos y autoridades.
El primer crimen se registró en la zona de Juanchito, jurisdicción de Candelaria. Allí fue asesinado Yidwar Mondragón, un hombre que había dejado las armas para sumarse al proceso de reincorporación. Según sus allegados, era una persona que, pese a múltiples obstáculos, se mantenía comprometida con la construcción de una nueva vida.
Mondragón tenía una condición física que lo obligaba a movilizarse en silla de ruedas, pero eso no impidió que fuera capturado años atrás bajo acusaciones de terrorismo. Tras una fuerte campaña de organizaciones defensoras de derechos humanos, logró recuperar su libertad, aunque su vida nunca volvió a ser la misma.
Personas cercanas a Yidwar aseguran que constantemente recibía amenazas y vivía bajo un clima de hostigamiento e inseguridad. La noticia de su asesinato fue recibida con profundo dolor entre quienes lo conocieron en el proceso de reincorporación.
Horas después, en zona rural del municipio de Florida, ocurrió el segundo crimen. La víctima fue Marco Emilio Jaramillo Penagos, también firmante del Acuerdo de Paz y residente del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Monte Redondo.
El hecho se registró en el corregimiento El Llanito, sector conocido como Cañas Altas. Según testigos, Jaramillo se desplazaba por la zona cuando fue interceptado por dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta. Sin mediar palabra, le dispararon a quemarropa.
Marco Emilio murió en el lugar, sin alcanzar a pedir ayuda. Su asesinato ha causado consternación entre sus compañeros del ETCR, quienes temen que estos hechos marquen una nueva ola de violencia contra quienes siguen comprometidos con la paz.
La Policía del Valle y la Fiscalía General de la Nación iniciaron las investigaciones para esclarecer ambos casos. Aunque no se ha confirmado una conexión directa entre los dos homicidios, las autoridades analizan la cercanía geográfica y temporal como elementos clave.
Hasta el momento, no se han producido capturas ni se ha emitido una versión oficial sobre los posibles móviles de los crímenes. Tampoco se descarta la participación de estructuras armadas ilegales que operan en el suroriente del departamento.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación y han exigido al Estado garantizar la vida e integridad de los excombatientes, en especial en zonas donde la presencia institucional es débil o limitada.
Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, más de 400 firmantes han sido asesinados en todo el país, según cifras de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. El Valle del Cauca figura como uno de los departamentos con más casos reportados.
La situación ha sido calificada como crítica por líderes sociales, quienes insisten en que la falta de garantías reales para la reincorporación y la ausencia de justicia en la mayoría de los casos solo alimentan el miedo y la desconfianza en el proceso de paz.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) también se pronunció sobre los hechos, exigiendo celeridad en las investigaciones y la activación de rutas de protección colectivas para los habitantes del ETCR de Monte Redondo y otras zonas vulnerables.
Mientras las familias de Yidwar Mondragón y Marco Emilio Jaramillo lloran sus muertes, el país vuelve a enfrentar la dolorosa paradoja de ver caer a quienes decidieron cambiar las armas por la palabra, en un camino de reconciliación que aún lucha por sobrevivir.
