La Fiscalía General de la Nación presentó ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, con funciones de control de garantías, a la exministra del Deporte María Isabel Urrutia Ocoró, imputándole los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público por irregularidades en el trámite precontractual.
De acuerdo con el Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022, el Ministerio del Deporte debía liderar la contratación de un software denominado Sistema de Validación Nacional. Este sistema tenía como objetivo vincular las entradas a los estadios con el documento de identidad de los hinchas y verificar antecedentes, facilitando las restricciones de derecho de admisión en eventos deportivos.
Las irregularidades detectadas
La investigación, liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, señala que la exministra habría incumplido normas de contratación y los lineamientos establecidos en el Decreto 1622. En lugar de garantizar la participación de varios oferentes, el contrato fue adjudicado de manera directa.
Además, según las pruebas recabadas:
- Urrutia habría buscado intermediarios en dos ocasiones para adjudicar el contrato, condicionándolos a subcontratar a una persona previamente seleccionada para quedarse con el proyecto.
- Ignoró las advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre las irregularidades legales en el proceso. A pesar de ello, firmó un convenio interadministrativo con una entidad pública el 30 de diciembre de 2022.
- Se incluyeron avales de funcionarios que no participaron en la estructuración de las condiciones ni en la selección del beneficiario.
Otras anomalías
Durante el trámite precontractual:
- No se realizaron estudios de mercado ni se definió el precio adecuado para las actividades previstas, pero se estableció un costo de 4.950 millones de pesos.
- El contrato terminó enfocándose en un objetivo diferente al aprobado. Mientras el decreto permitía la contratación del «Diseño e implementación del sistema de validación nacional», lo contratado fue el “análisis de la implementación del sistema de validación nacional”.
Delito de falsedad en documento público
El delito de falsedad en documento público está relacionado con la inclusión de información contraria a la realidad en los estudios previos y en el acto administrativo que justificó el contrato. Esto incluye plasmar hechos que no correspondían a lo realmente ocurrido, según las evidencias.
