Doctora venezolana recibirá pena máxima

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La médica venezolana Marggie Orozco, de 65 años, fue condenada a 30 años de prisión, la pena máxima en Venezuela, luego de ser acusada de “traición a la patria, incitación al odio y conspiración” por enviar un audio de WhatsApp en el que criticaba al mandatario Nicolás Maduro e invitaba a participar en las elecciones presidenciales de 2024. De cumplir la sentencia completa, saldría de prisión a los 95 años.

Orozco fue detenida en agosto de 2024 y trasladada al Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana, estado Táchira. Su caso ha generado alarma entre organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país.

Deterioro de salud y antecedentes familiares

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló que la doctora sufría depresión crónica tras la pérdida de dos de sus hijos: uno víctima de un intento de atraco y otro en un accidente. Desde su reclusión, su estado de salud se ha agravado.

Organizaciones de derechos humanos reportaron que Orozco ha sufrido dos ataques al corazón en los últimos años, el más reciente en septiembre de 2024, cuando ya se encontraba privada de la libertad. Activistas advierten que su permanencia en prisión representa un riesgo grave para su vida.

Un caso dentro de un panorama de represión

El caso de Orozco no es aislado. Según datos del Foro Penal, en Venezuela hay 882 presos políticos, muchos de ellos detenidos en medio de una ola de represión intensificada tras las protestas posteriores a las elecciones presidenciales, en las que más de 2.400 opositores fueron arrestados.

App de denuncias impulsada por el Gobierno

En medio de este panorama, el Gobierno de Maduro lanzó una aplicación digital para que sus seguidores denuncien a quienes consideren “fascistas”, término con el que el régimen suele referirse a los opositores. La plataforma es la misma utilizada para acceder a ayudas sociales y subsidios, en un contexto marcado por el riesgo de que la hiperinflación retorne al país.

Analistas advierten que los precios podrían aumentar hasta un 800% en 2026, lo que incrementaría aún más la dependencia de la población a este sistema de beneficios.


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