Además de ellos el encuentro también fue con más dirigentes políticos de Ibagué; la alcaldesa de la capital del Tolima, se reunió con Miguel Ángel Barreto Castillo.
Una profunda división ha surgido en el Partido Conservador de Ibagué tras una controvertida reunión entre el senador Miguel Barreto, la alcaldesa Johana Aranda, y los concejales Carlos Beltrán, Arturo Castillo y Víctor Ortiz. La reunión, que tenía como objetivo discutir el futuro del partido, ha generado una oleada de críticas y una aparente ruptura en la cohesión del bloque conservador en el Concejo Municipal de Ibagué. Nelson Hernández Arteaga, abogado especializado en derecho electoral y miembro del Partido Conservador, ha denunciado la reunión como un acto de indisciplina partidaria. Según Hernández Arteaga, los concejales Beltrán, Castillo y Ortiz están incumpliendo la ley de bancadas y traicionando la decisión del partido de enero, cuando junto a los concejales Sandra Milena Varón, Joseph Martín González y Jorge Bolívar, se declararon en oposición al gobierno de la alcaldesa Aranda.
Leyes
Hernández Arteaga subraya que la ley de bancadas estipula que los concejales deben actuar en bloque según las decisiones del partido que los avaló. «El Consejo de Estado ha dejado claro en múltiples ocasiones que las curules no pertenecen a las personas, sino al partido. El partido es el que debe tomar medidas contundentes ante cualquier acto de indisciplina,» afirmó Hernández Arteaga. Este conflicto podría desencadenar una investigación interna y la posible imposición de sanciones por parte del Partido Conservador.
La polémica se intensifica con la acusación de que los concejales Beltrán, Castillo y Ortiz podrían estar actuando por intereses personales al apoyar a la alcaldesa Aranda. Este cambio de postura, según Hernández Arteaga, podría deberse a beneficios personales obtenidos a cambio de su apoyo, lo que contravendría los principios y la cohesión del partido. La posible indisciplina ha causado molestia y confusión entre los miembros del partido y la ciudadanía ibaguereña.
Ahora, el futuro político de estos tres concejales está en manos del directorio del Partido Conservador, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado. Estas entidades tendrán la responsabilidad de investigar las acciones de Beltrán, Castillo y Ortiz y decidir sobre las posibles sanciones que puedan recibir. La resolución de este conflicto será crucial para definir la unidad y la dirección del Partido Conservador en Ibagué. Mientras tanto, la alcaldesa Johana Aranda y el senador Miguel Barreto han evitado hacer comentarios públicos sobre la controversia. La situación mantiene en vilo a la comunidad política y a los ciudadanos de Ibagué, que observan atentos cómo se desarrollarán los acontecimientos y qué impacto tendrán en la gobernabilidad y en las próximas elecciones municipales.
