El bombardeo contra una estructura de las disidencias en Guaviare continúa generando tensiones dentro del propio Gobierno, luego de que se confirmara la muerte de siete menores en la operación. Las declaraciones encontradas del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y del presidente Gustavo Petro profundizaron el debate sobre la legalidad y proporcionalidad del uso de fuerza aérea en este tipo de escenarios.
Sánchez sostuvo que antes de autorizar la ofensiva se había evaluado información que señalaba “alta probabilidad” de presencia juvenil entre los integrantes del campamento, pero que dichos adolescentes estaban participando activamente como parte del brazo armado. El ministro explicó que la decisión se tomó ante el inminente riesgo de una emboscada contra una patrulla militar, lo que llevó a emplear apoyo aéreo para garantizar su supervivencia.
Petro, sin embargo, ofreció una versión opuesta. Afirmó que no existía evidencia de menores en el lugar y que la operación se aprobó bajo la premisa de que no había civiles en la zona. El jefe de Estado también enfatizó que el ataque no es comparable con otros casos cuestionados de intervención militar, defendiendo que la ofensiva se dirigió exclusivamente contra columnas armadas de las disidencias.
