El presidente Gustavo Petro se pronunció tras los disturbios ocurridos en el corregimiento de La Danta, en Sonsón (Antioquia), donde alrededor de 400 personas atacaron a militares que adelantaban operativos contra estructuras ilegales en la zona. El mandatario respondió con firmeza al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, asegurando que el Ejército actuará “con toda” contra las mafias y que detrás de estas acciones violentas hay intereses políticos que buscan proteger a grupos criminales usando a la población como escudo humano.
Petro fue categórico al afirmar que el Gobierno intensificará la ofensiva contra los narcotraficantes y sus bienes, reiterando su propuesta de que las propiedades incautadas al narcotráfico deben pasar al Estado y ser destinadas a proyectos sociales en beneficio de la ciudadanía. En palabras del presidente: “Los bienes del narco serán del pueblo”.
La declaración del jefe de Estado fue una respuesta directa al gobernador Rendón, quien había confirmado que los soldados resultaron ilesos en el ataque y pidió a la Fiscalía investigar los hechos, subrayando la necesidad de mantenerse firmes en la defensa de la Constitución y la ley.
Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la compleja situación de seguridad en Antioquia, un departamento históricamente afectado por la presencia de grupos armados ilegales y redes de narcotráfico que ejercen control en varios territorios. Mientras el Gobierno nacional insiste en una estrategia de confrontación frontal contra las economías ilícitas, las autoridades regionales piden más esfuerzos para proteger tanto a la población civil como a los integrantes de la Fuerza Pública que operan en zonas críticas.
En este contexto, el anuncio de Petro se suma a sus recientes declaraciones sobre la necesidad de avanzar en un proceso de paz total, que incluye contactos con estructuras como el Clan del Golfo y un nuevo llamado a reanudar el diálogo con el ELN. Así, el caso de Sonsón refleja la tensión entre la ofensiva militar contra las mafias y los intentos de abrir espacios de negociación política con grupos armados, en medio de un clima de violencia, control territorial ilegal y presiones sociales.
