En un enfrentamiento terminó el procedimiento de la inspección de Policía.
Momentos de tensión vivieron los habitantes del barrio La Rochela, en Villavicencio, tras un altercado que terminó en agresiones físicas en medio de una diligencia de inspección ocular sobre un predio cuya propiedad es hoy motivo de disputa.
La comunidad denunció que, durante el procedimiento acompañado por la Inspección Número 8, varios de sus integrantes fueron golpeados por un hombre identificado como Álvaro Murcia, quien estaría asegurando ser el dueño del terreno y del restaurante ubicado allí. El hecho quedó registrado en video, donde se escuchan reclamos como “grabe al señor, está dando la orden” y “¿cómo me va a pegar?”.
Polémica
La presidenta de la Junta de Acción Comunal, Deisy Gamboa Rodríguez, también reportó haber sido agredida. Según su testimonio a medios locales, el predio tiene más de 38 años de historia y fue entregado originalmente por el propietario de entonces, Javier Rubelino Hernández, a seis personas con el compromiso de que pasara finalmente a la Junta una vez esta se conformara.
Hoy, cinco de esos titulares apoyan a la Junta. Sin embargo, Gamboa denunció que una de las partes fue vendida sin autorización y posteriormente arrendada, situación que abrió la puerta al conflicto. Según la Junta, Murcia, junto con terceros, intenta apropiarse del lote aprovechando la venta irregular, pese a que afirman que la propiedad corresponde a la comunidad y su destinación sería la construcción de la caseta comunal y el fortalecimiento del acueducto comunitario. “Estamos exponiendo nuestra vida; hemos sido amenazados”, expresó Gamboa, pidiendo apoyo urgente a la alcaldía, la gobernación y las autoridades de Villavicencio.
Documentos
Otro de los agredidos, integrante de la Junta, insistió en que los documentos respaldan su reclamación y que el proceso legal inició el 7 de junio de 2024, sin avances concluyentes. Aseguró que Murcia se presenta como “dueño y señor de todo”, incluso mencionando posibles embargos para presionar a la comunidad.
El enfrentamiento dejó claro que la situación llegó a un punto crítico. La Junta exige que se garantice la legalidad del proceso, se proteja a quienes han sido agredidos y se impida que continúen los actos de violencia. La comunidad pide que se escuchen sus denuncias antes de que la confrontación escale aún más.
