El futuro del lote La Mangora, ubicado en Villavieja, se ha convertido en el epicentro de un enfrentamiento político y judicial que deja más preguntas que respuestas. Originalmente destinado a un proyecto de vivienda bajo el programa Mi Casa Ya, el predio terminó envuelto en un entramado de resoluciones cuestionadas, demandas y decisiones que han generado desconcierto entre los ciudadanos.
En diciembre de 2019, la administración del entonces alcalde Yordan Pacheco entregó el predio a la Asociación de Vivienda La Tatacoa mediante una resolución que, más tarde, fue señalada de carecer de respaldo legal. El lote, adquirido con recursos públicos para atender la crisis habitacional, fue destinado a un proyecto de autoconstrucción sin viabilidad técnica ni jurídica, lo que dejó al programa Mi Casa Ya reducido a un simple anuncio sin cumplimiento real.
Pocos días después de finalizar su mandato, el sucesor de Pacheco, Álvaro Andrés Charry, decidió demandar la resolución que favorecía a la asociación. La disputa tomó un giro inesperado cuando Pacheco regresó a la Alcaldía tras su reelección. En lugar de buscar un acercamiento para aclarar la situación, la administración esperó a que la justicia emitiera un fallo desfavorable para la asociación en primera instancia, aumentando la incertidumbre sobre el destino del terreno.
El 29 de agosto de 2025, la sentencia judicial dejó sin opciones legales a la Asociación La Tatacoa. La presidenta de esta organización, Maily Tapias —quien también ocupa el cargo de secretaria de Turismo en la administración de Pacheco— convocó a los socios únicamente mediante un grupo de mensajería el 5 de septiembre, fijando un encuentro decisivo para el 12 de septiembre, justo el día límite para apelar. Esta maniobra redujo drásticamente la capacidad de los afectados para ejercer sus derechos.
Ciudadanos y desconfianza
La controversia ha generado inquietud entre los habitantes de Villavieja. Muchos de los ciudadanos que podrían haberse beneficiado del programa Mi Casa Ya no cumplían con los requisitos, lo que convirtió la iniciativa en un espejismo de vivienda digna. Lo que se presentó como una oportunidad para atender el déficit habitacional terminó siendo un proyecto sin bases sólidas, evidenciando la falta de planificación y responsabilidad en su ejecución.
Transparencia en duda
Más allá del litigio, el caso ha desatado un debate sobre el uso político del lote y la falta de transparencia en la gestión de la administración municipal. Críticos locales aseguran que la combinación de retrasos, decisiones unilaterales y favoritismos revela un compromiso limitado con la comunidad.
La historia de La Mangora se ha transformado así en un símbolo de cómo la política local puede jugar con las expectativas ciudadanas. Lo que alguna vez se planteó como un camino hacia la vivienda digna se convirtió, para muchos villaviejunos, en una muestra dolorosa de cómo intereses personales y partidistas pueden primar sobre las necesidades reales de la comunidad.
