Un enfrentamiento se presentó en el sector de El Rodeo, en Tunja, donde la comunidad, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el municipio protagonizan una controversia por la intervención de una vía ubicada sobre el antiguo corredor férreo. El hecho ocurrió hace poco cuando, personal de ANI llegó mientras trabajadores de la Secretaría de Infraestructura adelantaban reparaciones sobre la carretera.
Según lo explicó la ANI, el personal del consorcio CTS Ingeral informó que el tramo hace parte del derecho de vía ferroviario, cuyo dominio corresponde a la entidad desde el eje central del ferrocarril hacia ambos costados, en un ancho aproximado de 10 metros. Por esta razón, argumentan que el municipio no debe intervenir sin autorización. Además, recordaron que desde 2022 existe un proceso querellado sobre este tramo.
Pero la comunidad está molesta y señalaron el abandono que han sufrido durante años. Denunciaron que la ANI solo apareció ahora, después de aproximadamente cuatro años de presunta inactividad en la zona, mientras que la Secretaría de Infraestructura intentaba adelantar mejoras necesarias para el tránsito seguro de los vehículos. Aseguraron que incluso la poda realizada por el consorcio ha generado desorden, al arrojar con presunta intención los residuos en el área de trabajo.
Expertos consultados indican que, si bien la ANI tiene potestad sobre la franja ferroviaria, la vía ya construida corresponde a jurisdicción municipal. Agregan que, dado que la intervención busca mejorar las condiciones de seguridad vehicular y no afecta directamente el sistema ferroviario, no existiría justificación jurídica para detener las obras municipales. Además, advierten el riesgo permanente que representa el paso sin control sobre los rieles, donde cada día circulan vehículos sin advertencia alguna.
Desde la ANI su posición es que no impedirán el desarrollo de los trabajos, pero que dejarán constancia ante las autoridades competentes para que se defina la situación jurídica del terreno. Entretanto, los trabajadores de la obra manifestaron su preocupación por posibles llamados a la Policía, lo que podría obligarlos a suspender los trabajos si se generan órdenes en el momento.
Mientras las entidades discuten jurisdicciones, los ciudadanos siguen esperando soluciones concretas, porque al final, los huecos y el peligro siguen siendo de ellos, no de los despachos.
