Elver Jorge Baicué, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP),
fue secuestrado en el oriente del Cauca.
Fue presuntamente retenido por integrantes de la disidencia de las
FARC conocida como Dagoberto Ramos, según denunciaron autoridades indígenas
de la zona.
El hecho se registró el domingo 7 de septiembre en el resguardo ancestral Pickwe
Tha Fiw, municipio de Inzá, donde Baicué cumplía labores como parte de un
esquema de protección colectivo asignado a las comunidades. De acuerdo con los
líderes de la zona, hombres armados interceptaron a varias personas, de las cuales
una fue liberada horas después gracias a la intervención de la guardia indígena. Sin
embargo, hasta el momento se desconoce el paradero del escolta, lo que ha
encendido las alarmas en el departamento.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (ACIN) repudió el secuestro y exigió
a los responsables respetar la vida del funcionario. “Demandamos su liberación
inmediata y hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional, la Defensoría del
Pueblo, la Fiscalía y a organismos internacionales de derechos humanos para que
intervengan en la búsqueda y protección de nuestro compañero”, señaló la
organización en un comunicado oficial.
Desde la Unidad Nacional de Protección también se pronunció un grupo de
escoltas, quienes expresaron su preocupación por las difíciles condiciones de
seguridad en que se ven obligados a prestar el servicio en territorios donde no hay
presencia de la fuerza pública. “El riesgo se multiplica no solo para nosotros, sino
para los líderes y comunidades que acompañamos. Exigimos garantías reales para
seguir cumpliendo nuestra labor”, advirtieron.
El secuestro de Baicué se suma a una serie de hechos violentos atribuidos a la
estructura Dagoberto Ramos, que mantiene una fuerte presencia en el norte y
oriente del Cauca. Esta organización, señalada de reclutamiento forzado, homicidios
y amenazas, ha protagonizado choques con comunidades indígenas y
afrodescendientes, generando un ambiente de constante tensión y zozobra en la
región.
Autoridades indígenas y civiles coinciden en que la situación evidencia la falta de
garantías de seguridad en vastas zonas del Cauca, donde los grupos armados
ilegales imponen su control sobre la población. En ese contexto, líderes sociales
advierten que el caso de Baicué no debe quedar en silencio y piden que se
convierta en un punto de inflexión para replantear las estrategias estatales de
protección en territorios ancestrales.
Mientras tanto, la guardia indígena mantiene acciones de búsqueda en la zona, al
tiempo que se espera un pronunciamiento más amplio del Gobierno Nacional sobre
las medidas a tomar frente a este nuevo hecho que enluta a las comunidades del
Cauca.