Disidencias intensifican ofensiva en el Cauca: tres estaciones de Policía fueron atacadas con drones explosivos

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Cauca, Colombia. La violencia no dio tregua en el centro del Cauca durante el fin de semana. En menos de 48 horas, disidencias de las Farc ejecutaron una ofensiva coordinada utilizando drones cargados con explosivos, impactando tres estaciones de Policía en los municipios de Morales, Piendamó y Cajibío.

Uno de los ataques más alarmantes ocurrió en Cajibío, justo después de finalizadas las actividades religiosas del Domingo de Ramos, cuando al menos seis explosiones sacudieron la zona urbana, generando pánico entre los feligreses que acababan de participar en la tradicional procesión.

Explosiones en cadena

El primero de los ataques se registró en Morales. Según el alcalde Óscar Guachetá, una de las detonaciones se produjo muy cerca de la sede de la Alcaldía mientras se adelantaba un consejo de seguridad. Ante la gravedad de los hechos, se decretaron toque de queda y ley seca para proteger a la población.

Horas después, la estación de Policía de Piendamó fue blanco de otro intento de ataque. Los uniformados reaccionaron disparando hacia el cielo para tratar de neutralizar los drones, que habrían sido cargados con explosivos improvisados.

Finalmente, el municipio de Cajibío sufrió el tercer ataque consecutivo. Aunque no se reportaron víctimas mortales, un uniformado resultó lesionado y los habitantes manifestaron su preocupación por la seguridad en medio de celebraciones religiosas.

Respuesta militar

Ante la magnitud de los ataques, la Fuerza Aeroespacial Colombiana intervino para apoyar a las tropas en tierra y reforzar la seguridad en los tres municipios afectados. Las autoridades no descartan que se trate de una estrategia de intimidación y expansión territorial por parte de los llamados Comandos de la Frontera, una de las facciones disidentes de las Farc.

Alerta en el Cauca

Este nuevo episodio de violencia confirma el creciente uso de drones como armas de guerra no convencionales por parte de los grupos armados ilegales, lo que representa un desafío adicional para las autoridades en su misión de garantizar el orden público en zonas históricamente golpeadas por el conflicto.

Las comunidades afectadas exigen mayor presencia estatal y una respuesta integral que no solo sea militar, sino que también incluya inversión social y garantías para la vida.


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