Comunidades campesinas recibieron maquinaria para vías, por parte de las Farc.
Hechos reflejan una estrategia persistente de los grupos armados por ganar legitimidad.
Una nueva polémica se desató en el departamento del Cauca luego de la difusión de un video donde se observa a presuntos integrantes de las disidencias de las Farc entregando maquinaria amarilla y volquetas a comunidades campesinas en zona rural del municipio de El Patía. El hecho ha generado reacciones encontradas entre líderes sociales, autoridades locales y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El material audiovisual, grabado por habitantes del corregimiento de Pitalito, muestra un acto comunitario en plena cordillera patiana, donde miembros del grupo armado ilegal entregan una retroexcavadora, una pajarita y tres volquetas a campesinos de la zona. Según versiones de los asistentes, los vehículos serían utilizados para la construcción y mantenimiento de vías terciarias, fuertemente afectadas por las lluvias de los últimos meses.
“Estas son zonas olvidadas por el Estado, y por eso ellos colaboraron para que los mismos campesinos ejecuten las obras viales”, señalaron algunos líderes sociales, quienes aseguran que la maquinaria servirá para conectar veredas aisladas con el casco urbano de El Bordo, mejorando el acceso a servicios básicos y facilitando la comercialización de productos agrícolas.
Sin embargo, este tipo de acciones no son nuevas. En meses anteriores, en el municipio de Argelia, estructuras similares de las disidencias también habrían entregado maquinaria para obras de infraestructura comunitaria, especialmente en poblaciones como El Plateado y sus alrededores. Estos hechos reflejan una estrategia persistente de los grupos armados por ganar legitimidad y control territorial a través de gestos de apoyo a las comunidades.
Desde organizaciones civiles y sectores académicos, se advierte que este tipo de intervenciones pueden generar una peligrosa normalización de la «gobernanza paralela», en la que los grupos al margen de la ley suplen funciones del Estado, consolidando su presencia e influencia sobre comunidades vulnerables.
Autoridades locales han manifestado preocupación por la creciente penetración de estos actores armados en zonas rurales del Cauca, y exigen al Gobierno nacional una respuesta contundente que fortalezca la institucionalidad y garantice la presencia efectiva del Estado en estos territorios.
La polémica revive un debate de vieja data sobre los límites cada vez más difusos entre la ayuda comunitaria legítima y el control territorial ejercido por actores armados ilegales. Si bien muchas de estas comunidades reclaman históricamente atención, inversión pública y presencia estatal, la intervención de grupos al margen de la ley en asuntos de infraestructura y bienestar colectivo plantea serias preocupaciones éticas, políticas y de seguridad.
En contextos de abandono institucional, como el que atraviesan varias zonas rurales del Cauca, acciones como la entrega de maquinaria o el impulso de proyectos comunitarios por parte de grupos armados pueden ser percibidas por la población como una forma de respaldo o de “gestión social”.
