El miedo se ha apoderado de los habitantes del corregimiento de San Antonio, en la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. Según denuncias recientes, las disidencias de las Farc estarían ejerciendo presiones violentas para obligar a la comunidad a financiar la pavimentación de una vía que sirve a los intereses criminales del grupo armado.
Los mensajes intimidatorios habrían llegado en los últimos días a varias familias, a través de emisarios y panfletos. En ellos, los ilegales exigen el pago de 500 mil pesos por núcleo familiar y la compra obligatoria de boletas para recolectar fondos, bajo el argumento de que la vía también beneficia a la población civil.
La carretera en cuestión es la vía Marco Fidel Suárez, un trayecto estratégico que comunica cultivos ilícitos con otras rutas rurales y que, según los testimonios, es clave para el movimiento de drogas, armas y hombres armados.
Las amenazas han generado temor, pues los habitantes temen represalias si no pagan lo exigido. Muchos aseguran no tener los recursos, pero se sienten entre la espada y la pared ante el poder armado de las disidencias.
Uno de los denunciantes relató bajo reserva: “Nos están cobrando por una obra que a ellos les interesa más que a nosotros. Dicen que si no pagamos, nos atengamos a las consecuencias”.
La comunidad asegura que este no es el primer intento de extorsión disfrazado de “colaboración voluntaria”. En el pasado, también les han exigido dinero para otras supuestas “mejoras sociales” que terminan siendo proyectos al servicio del narcotráfico.
El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades municipales y departamentales. Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado una intervención formal de la Fuerza Pública en el área.
El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, señaló que se está haciendo seguimiento a la situación y que se trabaja en un plan con la Policía y el Ejército para garantizar la seguridad de la zona rural.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para que se tomen medidas urgentes de protección a la población, especialmente a líderes sociales y comunitarios que han sido los más vulnerables en este tipo de contextos.
Los hechos ocurren en medio de una escalada de violencia en el sur del Valle, donde las disidencias del Estado Mayor Central y otros grupos armados se disputan corredores estratégicos del narcotráfico.
Esta nueva modalidad de “impuesto criminal” sobre obras públicas pone en evidencia el nivel de control territorial y la presión que ejercen los grupos armados ilegales sobre comunidades indefensas.
Mientras tanto, los pobladores de San Antonio siguen esperando que el Estado haga presencia real y que no tengan que pagar, con miedo y dinero, el precio de una vía que sirve más a los violentos que al pueblo.
