El Gobierno colombiano y las disidencias de las FARC comandadas por alias Calarcá han acordado iniciar un proceso de diálogo con miras a la paz. Una de las condiciones clave para este acercamiento es la participación de cinco integrantes del grupo actualmente privados de libertad, quienes estarán presentes en las conversaciones.
Este paso busca abrir un nuevo capítulo en los esfuerzos por poner fin al conflicto armado con las estructuras residuales de la antigua guerrilla. Según fuentes oficiales, la inclusión de los detenidos en la mesa de diálogo fue considerada indispensable por la organización armada, como señal de confianza y representatividad en las negociaciones.
El anuncio ha suscitado tanto esperanza como controversia. Algunos sectores ven en esta decisión una oportunidad para avanzar en la desmovilización de actores armados ilegales, mientras que otros cuestionan la legitimidad de conceder voz a personas condenadas por delitos graves.
El proceso se desarrollará bajo la supervisión de garantes internacionales y con mecanismos de verificación, buscando evitar los errores del pasado y asegurar resultados sostenibles.
