El drama del conflicto armado y su expansión en entornos urbanos volvió a encender las alarmas en Cali. Las disidencias de las Farc estarían reclutando menores de edad en la capital del Valle, según alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo y otras autoridades locales.
Los reclutadores estarían utilizando promesas engañosas de oportunidades laborales o participación en pruebas deportivas para atraer a adolescentes, principalmente entre los 13 y 17 años, especialmente en sectores vulnerables del oriente de la ciudad.
En barrios como Llano Verde, donde recientemente se observaron grafitis con mensajes y símbolos de grupos armados ilegales, se han reportado casos de abordajes directos a jóvenes, así como contactos a través de redes sociales para atraerlos con supuestas ofertas de progreso.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que señala que en 21 de las 22 comunas de Cali existe un riesgo real y latente de reclutamiento forzado por parte de estructuras armadas ilegales y bandas criminales que buscan expandirse en el territorio.
El personero de Cali, Gerardo Mendoza, fue enfático al advertir que los menores están siendo utilizados incluso como escudos humanos. “Se los saca de su entorno bajo engaños, presión o inducción para participar directa o indirectamente en hostilidades”, denunció.
Organizaciones defensoras de derechos humanos también han advertido que el fortalecimiento de grupos armados en el suroccidente colombiano ha obligado la creación de nuevos frentes, lo que explicaría la urgencia de reclutar jóvenes para sus filas.
La comunidad en Llano Verde y otros sectores afectados ha expresado su temor e impotencia frente al avance de estos actores ilegales. Padres de familia, líderes barriales y docentes han solicitado mayor presencia institucional y estrategias integrales de prevención.
“Los muchachos no tienen opciones claras, no hay educación constante ni espacios seguros para el tiempo libre. Así es como estos grupos los atrapan, ofreciéndoles un futuro que termina siendo violencia y muerte”, afirmó un líder comunitario que pidió reserva de su identidad.
Desde la Alcaldía de Cali se han anunciado acciones conjuntas con el ICBF, la Policía y organismos de cooperación internacional, pero líderes sociales insisten en que las respuestas han sido insuficientes y que se requiere un plan de choque inmediato.
Los expertos coinciden en que esta problemática no puede ser tratada solo como un asunto de orden público, sino como un síntoma de una crisis estructural que afecta a los jóvenes de sectores populares, donde el abandono estatal y la pobreza son el caldo de cultivo para la criminalidad.
Mientras tanto, las autoridades judiciales adelantan investigaciones sobre posibles redes de reclutadores que estarían operando desde Cali y Jamundí, conectadas con frentes de las disidencias que tienen presencia activa en el norte del Cauca.
Esta alarmante situación exige una respuesta coordinada del Estado, con enfoque territorial, inversión social y mecanismos de protección que devuelvan la esperanza a los jóvenes caleños y los alejen de la guerra que amenaza con devorar sus proyectos de vida.
