La Procuraduría General de la Nación anunció la expedición de una directriz que busca prevenir y atender casos de violencia sexual y de género en el ámbito público y privado. La medida, presentada el 17 de septiembre de 2025, ordena a las entidades estatales y organizaciones privadas implementar protocolos claros de prevención, atención y sanción.
El Procurador enfatizó que la violencia de género no es un asunto privado, sino un problema estructural que exige respuestas institucionales firmes. La directriz establece tres líneas centrales: fortalecimiento de mecanismos de denuncia, capacitación obligatoria en perspectiva de género para servidores públicos y creación de rutas de protección inmediata para víctimas.
Este instrumento tiene alcance nacional y se conecta con obligaciones internacionales adquiridas por Colombia en materia de derechos humanos, particularmente con la Convención de Belém do Pará y la CEDAW. Además, incorpora estándares fijados por la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de debida diligencia reforzada frente a la violencia contra la mujer.
Impacto esperado
La Procuraduría anunció que hará seguimiento estricto al cumplimiento de la directriz. Las entidades que omitan la implementación de estas medidas podrán ser objeto de sanciones disciplinarias.
En términos prácticos, el impacto esperado se centra en garantizar que cada institución pública cuente con un protocolo especializado y que las organizaciones privadas adopten medidas de prevención con enfoque diferencial, reconociendo la vulnerabilidad de mujeres, niñas y población LGBTIQ+.
Organizaciones de la sociedad civil celebraron la medida, pero advirtieron que su éxito dependerá de la voluntad institucional y de la asignación de recursos suficientes. El reto, subrayaron, es que no se convierta en un documento simbólico, sino en una herramienta viva de protección.
El anuncio se produce en un contexto de incremento de denuncias por violencia intrafamiliar y violencia sexual en el país, lo que refuerza la urgencia de una respuesta articulada entre las instituciones.
Con esta directriz, la Procuraduría busca enviar un mensaje contundente: la prevención de la violencia sexual y de género es una obligación estatal y social, y su incumplimiento tendrá consecuencias.
