La diputada liberal Victoria Castro sorprendió este martes al llegar sin previo aviso a la capital bambuquera con el propósito —según dijo— de exigir su derecho a réplica frente a señalamientos que desde hace meses se han difundido en un programa matutino de un medio.
Castro manifestó que ha sido objeto de acusaciones infundadas, entre ellas, la supuesta intención de abandonar el país para evadir compromisos económicos. “Reconozco que tengo dificultades financieras, pero no es cierto que pretenda huir. Me he mantenido dando la cara”, expresó con firmeza.
Durante su intervención ante los medios locales, la diputada calificó como un “sicario del micrófono” y “extorsionista” al presunto difusor, acusándolo de emprender una campaña de desprestigio sin fundamento judicial. Aseguró haber elevado denuncias formales ante la Fiscalía, la Procuraduría y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, argumentando que los ataques mediáticos vulneran su honra y su derecho a la defensa.
El episodio reaviva el debate sobre los límites de la crítica periodística y el respeto a la presunción de inocencia. En un escenario político ya polarizado, el caso de Victoria Castro pone sobre la mesa la tensión entre la libertad de prensa y la responsabilidad en el uso de los medios.
