Según las autoridades Alirio Molina desde el 2020 debía abandonar el espacio público.
Alirio Molina, vendedor de frutas conocido en la avenida Ambalá 103, fue desalojado esta semana tras una orden emitida por la inspectora María Ninfa. Cabe destacar que Molina llevaba desde el 2015 ofreciendo frutas en la zona; sin embargo, tras un fallo reciente, se le revocó el permiso para ocupar el lugar. En el desalojo, ejecutado por Espacio Público y la Dirección de Justicia, se constató que el vendedor había sido notificado un mes atrás para desalojar voluntariamente, sin haberlo hecho.
Operativo
Molina expresó su frustración ante las autoridades, afirmando que el desalojo le generó pérdidas económicas de aproximadamente 40 millones de pesos. “Perdí toda la mercancía y no me dieron una alternativa para reubicar mi puesto”, lamentó, señalando además que había presentado una tutela que no fue atendida, en un esfuerzo por mantener su negocio.
El comerciante explicó que anteriormente pagaba una cuota de 450 mil pesos para operar, pero en los últimos meses el costo aumentó a un millón cien mil pesos. Asimismo, Molina acusó a la inspectora de obstaculizar su permiso y de rechazar alternativas de reubicación solicitadas a través de derechos de petición.
Declaración
Francisco Espín, representante de la Dirección de Justicia, defendió la medida, afirmando que es un proceso policivo que data desde el año 2020. «No estamos persiguiendo a nadie. Esta es una actividad de cumplimiento de la ley y recuperación del espacio público, que pertenece a todos los ibaguereños», indicó Espín, subrayando que el fallo le otorgó a Molina 30 días para desalojar y que no tienen constancia de una tutela interpuesta.
Por otro lado, María Ninfa, la inspectora a cargo del caso, manifestó que durante años se ofrecieron soluciones al comerciante para abandonar el lugar y devolver el espacio a la comunidad, sin recibir respuesta favorable. Además, señaló que el puesto dificulta el tránsito en la zona. Por último ella añadió que el proceso de desalojo se realizó conforme a la ley, asegurando que buscan devolver los espacios comunes para el uso de todos los ciudadanos y asegurar un entorno ordenado en el sector.
Aproximadamente el hombre habría perdido 40 millones ante el cierre del establecimiento de frutas.
