Procuraduría investiga a Rodolfo López Sierra por irregularidades administrativas recientes.
La Procuraduría General de la Nación ha encendido las alarmas en el municipio de Santa Isabel, Tolima, tras abrir una investigación disciplinaria contra el exalcalde Rodolfo Andrés López Sierra, quien ejerció su mandato entre el año 2020 y 2023. El caso gira en torno a un presunto pago irregular que habría sido realizado a la empresa MAG Avance y Desarrollo SAS, sin que existiera un contrato formal ni registro en la plataforma oficial del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).
Según la información preliminar, el desembolso habría alcanzado la suma de $19.000.000, supuestamente destinados a servicios de difusión y promoción cultural. Sin embargo, la ausencia de documentos legales que respalden la operación ha despertado serias dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos durante la administración de López Sierra.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué también vinculó a otros exfuncionarios de la administración municipal. Entre ellos se encuentran la exsecretaria de Hacienda, Yenny Paola Salinas Reyes, y el exsecretario General y de Gobierno, Jefferson Granobles Aguiar. Ambos deberán responder por su posible participación en la autorización o ejecución del pago cuestionado.
El ente de control ha ordenado la práctica de pruebas documentales y testimoniales con el fin de establecer si los implicados incurrieron en faltas disciplinarias relacionadas con la gestión de los dineros públicos. La investigación busca determinar si existió una intención deliberada de evadir los procedimientos legales o si se trató de una negligencia administrativa que terminó comprometiendo los recursos de la Alcaldía.
Este caso se suma a una serie de investigaciones que han puesto bajo la lupa a varias administraciones municipales en el departamento del Tolima. La falta de registros en SECOP y la ausencia de contratos son señales recurrentes de posibles irregularidades que afectan la confianza ciudadana en las instituciones.
La Procuraduría ha reiterado que su objetivo es garantizar la transparencia y la correcta utilización de los recursos públicos, especialmente en municipios pequeños donde cada peso invertido tiene un impacto directo en la comunidad.
Mientras avanza la investigación, la ciudadanía de Santa Isabel espera respuestas claras y contundentes que permitan esclarecer si hubo un manejo indebido de los fondos y, de ser así, que se apliquen las sanciones correspondientes a los responsables.
