Se conoció que el consejo de estado ordenó de manera inmediata la destinación de $138 mil millones para proyectos de inversión en 10 municipios.
Lo anterior debido a que luego de 26 años se retornarán dineros de la venta de la central Hidroeléctrica ubicada en Chivor, Boyacá, hecho que devolvió a cientos de ciudadanos los recuerdos de una situación inconclusa que generó cientos problemáticas a nivel regional.
El buen procedimiento
De la mano de la Gobernación de Boyacá, se velará por el buen procedimiento de los dineros, que servirán para solucionar problemáticas en 10 municipios, su enfoque principal será la inversión en las necesidades más apremiantes, es decir inmediatas, a corto plazo, en caso de no ser así, la problemática que se generaría seria inmensa en compañía de la opinión pública.
Declaraciones
«Desde la Gobernación de Boyacá seremos el puente entre la Nación y los municipios, para acompañarlos a definir sus prioridades. En los próximos días coordinaremos mesas de trabajo para lograr inversiones efectivas», aseguró el mandatario, quien sabe las necesidades de las distintas regiones y tratará de tomar las mejores decisiones en pro del futuro y bienestar de los boyacenses.
Por su parte, la habitante Patricia Pérez indicó “Necesitamos los recursos del pueblo en la mejora de las vías, apoyo al campesinado con esta ola invernal que se está viviendo”, indicó la habitante del occidente de la región.
Datos
Por otro lado, se conoció que estos 138 mil millones recaudados en pro de 10 municipios, fue gracias a una denuncia interpuesta por Alexander Calderón Roa hacía el Ministerio de Hacienda y crédito público, en la cual, después de muchos años, se logró obtener una respuesta favorable en pro de los ciudadanos.
Documento
“El escrito va en marco de la acción popular, como enfoque inicial, en él se ven distintos puntos a tratar, teniendo en cuenta el presupuesto nacional para la determinación y ejecución, basándose en la aplicación de la ley y en el cumplimiento de artículos subscritos en el escrito final, se denota la vulneración a los derechos e intereses colectivos, en otro apartado, la moral administrativa y en síntesis a la protección del patrimonio nacional”, concluyó, el comunicado.
