En zonas como San Juan de Micay, en el Cañón del Micay, al sur‐oeste de Colombia, la transición hacia la paz se encuentra en estancamiento. A pesar de las promesas del presidente Gustavo Petro de realizar inversiones sociales y sustituir cultivos ilícitos, comunidades locales denuncian que los proyectos de infraestructura, salud y educación apenas han comenzado o no se han materializado. La guerrilla del Estado Mayor Central (EMC) sigue manteniendo control territorial en la región, lo que complica la presencia efectiva del Estado.
Las tensiones también se ven reflejadas en que muchos campesinos continúan cultivando coca porque los cultivos legales no tienen la rentabilidad esperada, y la situación de inseguridad y falta de certeza pesa. Además, organismos como Estados Unidos evalúan la continuidad del apoyo financiero, condicionado al progreso tangible, lo que suma otra variable crítica para el Gobierno.
