El contrato 243 de 2025, por $478 millones, buscaba dotar a los Equipos Básicos de Salud con equipos biomédicos, pero el consorcio solo ejecutó $175 millones.
Un escándalo sin precedentes ha explotado en la Unidad de Salud de Ibagué (USI), revelando cómo la entidad dio «paz y salvo» a un contratista a pesar de un incumplimiento que superó los $300 millones. El caso, investigado por el medio El Olfato, señala que la cuestionada empresa Servitroal S.A.S., vinculada a la concejal Aura Galeano, fue la gran beneficiada.
El contrato 243 de 2025, por $478 millones, buscaba dotar a los Equipos Básicos de Salud con equipos biomédicos, pero el consorcio solo ejecutó $175 millones. A pesar de que el supervisor dejó constancia del incumplimiento y de que el proveedor no acreditó inventarios ni certificaciones, la abogada Angie Julieth Rojas Millán, asesora jurídica de la USI, facilitó un «contrato de transacción».
Este acuerdo, firmado el 26 de junio, evitó toda multa, limpió el historial del contratista y redujo la penalidad a un pago simbólico de $15.7 millones, apenas el 3.29% del valor incumplido. La liquidación final, con la firma del gerente Jorge Armando Cabrera y el aval jurídico de Rojas, borró toda evidencia del incumplimiento y dio por «paz y salvo» a la empresa. La USI, en lugar de proteger los recursos de la salud, actuó como escudo de contratistas aliados, evidenciando un sistema de contratación capturado al servicio de los mismos actores de siempre.
