En uno de sus recientes comunicados de prensa, la Fiscalía General de la Nación, a través de su seccional en el departamento del Meta, indicó la imputación de cargos a dos funcionarios públicos por presuntas irregularidades en un proceso judicial en contra de un grupo de extorsionadores de la región del Ariari, quienes recibieron beneficios penales injustificados y hasta quedaron en libertad.
Se trata de la judicialización de un juez de control de garantías identificado como Edgar Serrano Forero y de la fiscal Carmen Cecilia Candanoza Jiménez, estas dos personas trabajaban en la Fiscalía local de Puerto Lleras, el primero en función de juez y la mujer como fiscal. Los cargos imputados a los penalistas fueron prevaricato por acción agravado y prevaricato por omisión.
De acuerdo con lo anterior, entre agosto de 2021 y agosto del 2022, en la localidad de Puerto Lleras se estaba llevando a cabo un proceso judicial en contra de cinco hombres y una mujer, acusados de extorsionar a varios agricultores y ganaderos de la región, al parecer, estos sujetos se hacían pasar como integrantes de las disidencias de las Farc y del Clan del Golfo para atemorizar a sus víctimas.
Después de recolectar un importante material probatorio, las autoridades lograron atrapar a estos delincuentes y presentarlos ante el juez Serrano Forero, sin embargo, el togado habría reemplazado algunos procedimientos legales con el fin de ordenar la liberación de los señalados, los cuales, quedaron fuera de prisión tras ordenar para ellos excarcelación.
Para realizar lo anterior, el juez habría proferido suspensión condicional de la ejecución de la pena para las seis personas, a través de sentencias condenatorias expresamente prohibidas por la ley para los delitos de extorsión. Esto fue suficiente para que se iniciara una investigación preliminar en contra del togado.
