El 15 de agosto de 2025, el abogado Diego Cadena, exdefensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue condenado por el Juzgado Tercero Penal de Conocimiento de Bogotá por el delito de soborno en actuación penal. Según el fallo, Cadena ofreció beneficios jurídicos y dinero al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve a cambio de que modificara sus declaraciones para favorecer a Uribe y desmentir versiones que lo vinculaban con grupos paramilitares. Este caso se inscribe dentro de la investigación iniciada en 2018 por la Corte Suprema de Justicia sobre la presunta relación del expresidente Uribe con paramilitares en Antioquia durante los años 2000.
La investigación y proceso judicial evidenciaron que Diego Cadena realizó gestiones específicas para influir en testigos claves, con el propósito de limpiar la imagen de Uribe Vélez en los procesos judiciales. En múltiples visitas a la cárcel La Picota, donde estaba recluido Monsalve, el abogado ofreció dinero y beneficios legales para que cambiara su testimonio en favor del expresidente y en detrimento del senador Iván Cepeda, quien ha sido una de las voces críticas contra Uribe en temas de derechos humanos y paramilitarismo.
El juez Fabián Moreno fue enfático al señalar que Cadena actuó como determinador en la cadena de sobornos, aprovechando su posición como defensor para manipular el curso de la justicia. Aunque en el caso también se investigaba el soborno y fraude procesal relacionado con otro exparamilitar, Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, la justicia encontró duda razonable sobre esos hechos, por lo que Cadena no fue condenado por esas imputaciones específicas.
El fallo se conoció en medio de la continuidad del proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez, a quien también se le decretó prisión domiciliaria por manipulación de testigos y fraude procesal, siendo señalado como el arquitecto de la red de sobornos. La jueza que condenó a Uribe identificó que Cadena fue la persona que el expresidente utilizó para llevar a cabo las ofertas de dinero y beneficios en cárceles de Colombia y Estados Unidos con el fin de desmentir las acusaciones en su contra y desprestigiar a sus contradictores políticos.
Durante la audiencia, el juez anunció que la condena definitiva contra Cadena se dará a conocer en una próxima sesión, pero la Fiscalía había solicitado una pena de siete años de prisión. Esta sentencia representa un hito en el sistema judicial colombiano, en la lucha contra la manipulación y soborno a testigos, con implicaciones directas para figuras de alto perfil político.
El caso sigue siendo observado de cerca por la opinión pública y los actores políticos, debido a la relevancia de los implicados y el impacto que estas acciones judiciales pueden tener en la confianza en las instituciones y en el equilibrio del poder político en Colombia.