La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que imputará cargos penales a 11.477 contribuyentes por no transferir al Estado los dineros retenidos en IVA, ReteFuente e Impuesto al Consumo. La omisión representa un desfalco superior a $697.000 millones. DIAN: imputarán a más de 11 mil colombianos por evasión de impuestos.
Luis Eduardo Llinás Chica, director general (e) de la DIAN, confirmó que estas personas y empresas ya habían sido notificadas durante la Jornada Nacional de Cobro de junio, pero decidieron ignorar la citación. “No habrá más beneficios. El proceso penal sigue y no se suspenderá”, declaró.
Los implicados habrían actuado como agentes retenedores o recaudadores. La ley prohíbe apropiarse de estos recursos, ya que pertenecen al Estado. La sanción incluye penas de cárcel entre 48 y 108 meses, además de multas que duplican el monto adeudado, sin superar los $50.794 millones.
DIAN lanza ofensiva nacional: 11.000 visitas y más de 6.000 embargos en camino
La DIAN no frenará su ofensiva contra la evasión. Durante julio, la entidad realizará 11.000 visitas a deudores con cartera morosa cercana a $1,3 billones, y ejecutará 6.140 embargos de cuentas, bienes, facturas y acciones.
También expedirá 1.830 resoluciones de embargo basadas en el Sistema de Facturación Electrónica y enviará más de $185.000 millones en información penal a la Fiscalía. Esta estrategia busca recuperar recursos críticos para las finanzas del país.
Aunque 3.690 contribuyentes regularizaron su situación en junio, más del 75 % no lo hizo. Las ciudades con mayor número de evasores citados fueron Medellín (2.686), Cali (2.204), Barranquilla (1.627) y Bogotá (1.000). En contraste, Leticia y Quibdó destacaron por su alta tasa de respuesta, superior al 66 %.
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Las consecuencias de incumplir: prisión, multas y cierre empresarial
El artículo 402 del Código Penal establece claramente que quien recauda y no entrega tributos al Estado comete un delito. Las penas de cárcel van hasta 9 años, y las multas pueden alcanzar los $50.794 millones, dependiendo del valor retenido.
Esta normativa aplica tanto para personas naturales como jurídicas. En muchos casos, empleados responsables de recaudos también enfrentarán consecuencias.
Llinás enfatizó que el mensaje de la DIAN es contundente: “Los impuestos recaudados no son de libre disposición. Apropiarse de ellos es un delito”. La entidad continuará su labor con apoyo de la Fiscalía y herramientas tecnológicas para identificar nuevos evasores y fortalecer la cultura del cumplimiento.
