Yully Porras cuestiona proyecto de ordenanza y exige claridad sobre pagos millonarios.
La Asamblea Departamental del Tolima fue escenario de un encendido debate cuando la diputada del Partido de la U, Yully Porras, lanzó un fuerte llamado a la transparencia sobre el Proyecto de Ordenanza 014 de 2025. La iniciativa pretende autorizar el pago de $11.683 millones correspondientes a deudas heredadas de vigencias anteriores, pero, según Porras, presenta inconsistencias graves que no permiten su aprobación inmediata.
Proyectos
Porras advirtió que 33 de los 35 proyectos con cuentas pendientes corresponden a los años 2020 y 2021, durante la administración del exgobernador Ricardo Orozco. Esto, a su juicio, podría evidenciar compromisos adquiridos sin respaldo presupuestal que ahora caerían sobre el gobierno de Adriana Magali Matiz.
Uno de los ejemplos más llamativos señalados por la diputada es el de un proyecto de gas registrado en 2020. Según los documentos, su costo total fue de $2.074 millones, de los cuales ya se ejecutaron $1.685 millones, quedando un saldo real de $389 millones. Sin embargo, la solicitud de pago asciende a $4.006 millones, una diferencia de $3.600 millones cuyo destino no ha sido explicado.
Detalles
En un oficio radicado por segunda vez ante la Secretaría de Hacienda, Porras pidió información detallada de cada deuda, incluyendo año de origen, número de CDP, RP, montos, saldos, estado actual y certificaciones que avalen su legalidad. También exigió claridad sobre $11.184 millones adicionales reportados como “recursos diferentes a deudas heredadas”, un rubro que calificó de sospechoso.
“Los tolimenses merecen transparencia, no que se legalicen deudas que no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Mi compromiso es defender cada peso público del Tolima y que la gobernadora cumpla su plan de desarrollo 2024-2027 sin pagar posibles errores de gobiernos anteriores”, expresó.
El debate seguirá en las sesiones extraordinarias, donde la administración departamental tendrá que responder cada cuestionamiento antes de que el proyecto pueda avanzar. Lo cierto es que, por ahora, el ambiente político está cargado y la presión pública crece.
