La discusión sobre el monto real de la deuda de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia ha alcanzado un nuevo nivel de tensión luego de que el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, desmintiera la cifra expuesta por el presidente Gustavo Petro durante una alocución presidencial. Mientras Petro advierte sobre un “hueco” de más de $100 billones, la Contraloría ratifica que los pasivos actuales de las EPS se sitúan en aproximadamente $33 billones, una diferencia que ha generado interrogantes en el sector y en la opinión pública.
El contralor Rodríguez se pronunció con contundencia y sostuvo que la cifra avalada por su entidad es el resultado de análisis técnicos y de los estados financieros reportados por las EPS hasta el 31 de diciembre de 2024. “Esa cifra está plenamente respaldada por los estados financieros… y los análisis realizados por el equipo técnico”, aclaró el jefe del ente fiscalizador al establecer que la deuda de $33 billones es la más certera y auditable con base en la información oficial y verificada.
El contraste no es menor. El jefe de Estado argumenta que el cálculo de la Contraloría subestima el verdadero alcance del déficit porque, según él, no toma en cuenta las deudas históricas acumuladas por EPS ya liquidadas ni actualiza el valor a pesos constantes. Petro sostiene que, al sumar pasivos de varias décadas, la deuda podría superar fácilmente los $100 billones. Sin embargo, hasta la fecha, el Ejecutivo no ha presentado un informe detallado que sustente dicha proyección.
La polémica expone además una profunda crisis financiera en el sistema de salud colombiano. De acuerdo con la Contraloría, del total de la deuda, $24,4 billones corresponden a EPS intervenidas y apenas seis de las 29 EPS activas cumplen con los indicadores de habilitación financiera exigidos por la ley. El resto se encuentra en condición crítica, lo que afecta de manera directa la capacidad de pago a clínicas, hospitales y proveedores, generando tensiones en la red de prestadores de salud.
El ministro de salud, Guillermo Jaramillo, reforzó la posición presidencial al señalar que los cálculos del Ejecutivo consideran obligaciones acumuladas desde la década de los 90, arrastrando así un pasivo de más de tres décadas. Sin embargo, expertos y actores del sector cuestionan la validez de extrapolar cifras históricas y sumar deudas de EPS que ya no existen, pues esto no refleja las obligaciones realmente exigibles al día de hoy.
En medio de la controversia, el número de peticiones, quejas y reclamos de los usuarios sigue en aumento, registrándose más de 1,6 millones en lo corrido de 2024, según la Contraloría, lo que da indicios del deterioro en la capacidad de respuesta de las EPS frente a los afiliados. Esta situación ha servido para alimentar el argumentario del Gobierno sobre la necesidad urgente de una reforma estructural al sistema de salud, tema que sigue polarizando al Congreso y la opinión pública.
