Una mujer identificada como Yurlei González Hernández fue presentada ante un juez de control de garantías por su presunta responsabilidad en el almacenamiento de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, municiones y sustancias estupefacientes en una vivienda rural del municipio de El Peñol, en el departamento de Nariño. La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, así como fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, cargos que no fueron aceptados por la procesada.
Allanamiento
El caso surgió tras una diligencia de allanamiento y registro en un inmueble ubicado en la vereda Guambanga, donde residía González Hernández. En el lugar, las autoridades hallaron un inquietante arsenal compuesto por varios revólveres, munición de alto calibre, radios de comunicación, y bolsas con base de clorhidrato de cocaína. También se encontraron kilos de soda cáustica, un químico altamente tóxico que es utilizado habitualmente en la elaboración casera de bazuco, lo que llevó a los investigadores a sospechar que el lugar también operaba como un laboratorio clandestino de procesamiento de drogas.
Según la Fiscalía, la vivienda no solo funcionaba como depósito de estupefacientes, sino también como centro logístico y de almacenamiento de armamento perteneciente a un grupo armado ilegal que opera en esta zona del suroccidente colombiano. Las primeras evidencias recabadas apuntan a que la procesada hacía parte de una estructura delictiva que utiliza inmuebles rurales apartados para guardar material bélico e insumos para la producción de droga, en medio del difícil contexto de seguridad que vive Nariño.
Hallazgos
Ante la gravedad de los hallazgos y el riesgo que representa para la sociedad, el juez que presidió la audiencia determinó imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra. Este golpe contra el crimen organizado ha generado preocupación entre los habitantes de la zona, quienes temen que más viviendas estén siendo usadas con fines similares por actores armados ilegales. Con este resultado, las autoridades reafirman su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas, dos flagelos que han azotado a Nariño por décadas. Las investigaciones continúan, y no se descartan más capturas en los próximos días relacionadas con esta red de crimen estructurado.
