La detención de Roger Mariaca, fiscal general del Estado de Bolivia, provocó una fuerte disputa institucional entre el Ministerio Público y el Gobierno de Rodrigo Paz. Mariaca fue aprehendido durante la noche del 30 de septiembre en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz, en un operativo policial que también alcanzó a otras autoridades y funcionarios de la Fiscalía.
El Ministerio Público denunció públicamente que la aprehensión de su máxima autoridad se produjo de manera irregular y llegó a calificar el hecho como un “secuestro”. El Gobierno, por su parte, sostiene que el procedimiento fue realizado dentro del marco legal y que existen indicios que vincularían a Mariaca con una presunta organización criminal relacionada con hechos de corrupción y narcotráfico.
La controversia se produce apenas unos días después de que Estados Unidos anunciara restricciones de visa contra Mariaca y otros funcionarios bolivianos, a quienes señaló por presuntos hechos de corrupción relacionados con el narcotráfico. Mariaca rechazó esas acusaciones y afirmó que las medidas estadounidenses constituían una forma de presión sobre el Ministerio Público boliviano.
El caso ahora ha abierto, además, una discusión sobre quién debe ejercer temporalmente la jefatura de la Fiscalía y cuál es el procedimiento constitucional para reemplazar a un fiscal general que fue elegido para un periodo de seis años.
¿Qué ocurrió con Roger Mariaca?
El fiscal general Roger Mariaca fue aprehendido la noche del miércoles 30 de septiembre de 2026 en instalaciones del Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra.
De acuerdo con reportes difundidos por la Agencia Boliviana de Información y por EFE, Mariaca fue detenido junto al entonces fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. Paralelamente, efectivos del Centro Especial de Inteligencia Policial (CEIP) ingresaron a instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Sucre.
La Fiscalía transmitió en sus canales oficiales una denuncia contra el procedimiento. Durante esa transmisión, funcionarios del Ministerio Público calificaron la aprehensión de Mariaca como un “secuestro” y cuestionaron la actuación de los agentes policiales.
La jefa de Comunicación de la Fiscalía General, Claudia Pardo, sostuvo que el operativo dentro de la institución fue ilegal y que los funcionarios desconocían inicialmente los motivos de las detenciones. EFE también reportó que en la transmisión aparecieron agentes con el rostro cubierto y chalecos del Centro Especial de Investigación Policial.
En las primeras horas posteriores al operativo tampoco existía una explicación pública completa sobre quién había ordenado las aprehensiones ni sobre el lugar exacto al que había sido trasladado Mariaca.
Posteriormente, el Gobierno boliviano presentó su propia versión de los hechos.
El Gobierno defiende la legalidad de la aprehensión
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que la operación se desarrolló conforme a las normas bolivianas y rechazó las acusaciones de que la detención hubiera sido ilegal.
Según el Gobierno, Mariaca y otras personas estarían vinculadas con una presunta organización criminal que habría operado dentro del sistema de justicia y del Ministerio Público para favorecer actividades relacionadas con el narcotráfico.
Oviedo afirmó que se cumplieron los plazos y procedimientos necesarios para realizar las aprehensiones. De acuerdo con la versión oficial, fueron detenidas 14 personas, entre ellas Mariaca, Alberto Zeballos, el fiscal superior Martín Irusta y otros funcionarios.
El Gobierno sostiene que la investigación contempla posibles delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas. Estas son acusaciones que deberán ser esclarecidas dentro del proceso correspondiente y no equivalen por sí mismas a una condena judicial.
El Ministerio de Gobierno también presentó el operativo como parte de una investigación más amplia contra una supuesta estructura de corrupción vinculada con la protección de organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Las acusaciones contra Mariaca y el caso Sebastián Marset
Uno de los principales elementos que aparecen en la investigación es la relación que las autoridades bolivianas intentan establecer entre Mariaca y el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Marset fue detenido en Bolivia en marzo de 2026 y posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta un proceso judicial relacionado con actividades de narcotráfico y lavado de dinero. El Departamento de Justicia estadounidense describe a Marset como presunto líder de una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de ganancias provenientes de esas actividades.
El Gobierno boliviano sostiene ahora que existieron actuaciones dentro del sistema judicial que habrían beneficiado a personas vinculadas con Marset.
La investigación también cobró fuerza después de la difusión de grabaciones atribuidas al narcotraficante uruguayo. Según las autoridades bolivianas, en esos materiales se hacen referencias a Mariaca y a supuestos pagos de dinero.
Reuters informó que el ministro Oviedo sostuvo que las grabaciones apuntaban a un supuesto pago de 500.000 dólares para permitir que Marset continuara desarrollando sus actividades en Bolivia. Esa afirmación forma parte de las acusaciones oficiales y deberá ser contrastada y acreditada dentro de las investigaciones judiciales.
La Fiscalía, entretanto, había rechazado previamente una versión según la cual Mariaca se habría reunido con Marset poco antes de su extradición a Estados Unidos.
El 30 de septiembre, un comunicado del Ministerio Público negó que esa reunión hubiera ocurrido y pidió que se presentaran pruebas que respaldaran la afirmación.
Estados Unidos ya había señalado a Roger Mariaca
La detención ocurrió en un momento especialmente delicado para Mariaca.
Dos días antes del operativo, el Gobierno de Estados Unidos anunció restricciones de visa contra funcionarios y exfuncionarios de varios países latinoamericanos, entre ellos Bolivia.
Mariaca fue incluido entre los funcionarios señalados por Washington. El Departamento de Estado estadounidense lo acusó de haber abusado de sus cargos públicos para solicitar y aceptar sobornos destinados a facilitar actividades de narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
Washington indicó además que Mariaca y sus familiares directos quedarían sujetos a restricciones de entrada a Estados Unidos.
Las acusaciones estadounidenses no fueron aceptadas por Mariaca. El entonces fiscal general respondió públicamente que Bolivia era un Estado soberano y que las investigaciones contra funcionarios y particulares debían realizarse dentro de las instituciones bolivianas.
Mariaca también vinculó la decisión de Washington con investigaciones que llevaba adelante el Ministerio Público, entre ellas las relacionadas con el consultor político argentino Fernando Cerimedo.
Por lo tanto, cuando se produjo su detención, Mariaca ya se encontraba en el centro de una controversia internacional sobre presunta corrupción y narcotráfico.
¿Quién es Roger Mariaca?
Roger Rider Mariaca Montenegro fue elegido fiscal general del Estado por la Asamblea Legislativa Plurinacional el 21 de octubre de 2024.
La Fiscalía General señala que obtuvo 115 votos, superando los dos tercios necesarios para asumir el cargo, y que su periodo debía extenderse durante seis años. Antes de llegar a la jefatura nacional del Ministerio Público había ejercido como fiscal departamental de Santa Cruz.
Mariaca nació en Santa Cruz en 1987 y es abogado, con estudios de posgrado relacionados con Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Su carrera había estado principalmente vinculada con el Ministerio Público y el ejercicio profesional en el área penal.
Su elección se produjo durante el periodo de Luis Arce, cuando el Movimiento al Socialismo todavía tenía una presencia importante en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el escenario político boliviano cambió posteriormente con la llegada de Rodrigo Paz a la Presidencia.
La detención de Mariaca ocurre, por tanto, durante un nuevo periodo político y en medio de un proceso de acercamiento entre el Gobierno boliviano y Estados Unidos.
La disputa por quién debe dirigir la Fiscalía
La detención de Mariaca generó inmediatamente otra controversia: quién debía asumir la conducción temporal del Ministerio Público.
Luis Whaner Montaño Morales, uno de los fiscales superiores con mayor antigüedad, anunció que asumiría de manera interina la Fiscalía General argumentando que la ausencia de Mariaca permitía aplicar un mecanismo de suplencia basado en la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Montaño asumió públicamente el cargo y posteriormente designó a Mabel Andrade Molina como fiscal departamental interina de Santa Cruz ante la ausencia de Alberto Zeballos.
Sin embargo, el Gobierno de Bolivia cuestionó esa sucesión y sostuvo que la Asamblea Legislativa Plurinacional es la instancia encargada de definir al nuevo fiscal general.
La disputa elevó todavía más la tensión entre el Ejecutivo y el Ministerio Público.
Para el 2 de octubre, el Gobierno incluso había anunciado acciones contra Montaño y lo acusaba de usurpación de funciones, mientras que la Fiscalía defendía la legalidad de su interinidad.
La Asamblea Legislativa entra en escena
La crisis también llegó al Legislativo.
El presidente del Senado, Diego Ávila, asumió temporalmente la conducción de la Asamblea Legislativa Plurinacional ante la ausencia del vicepresidente Edmand Lara y convocó una sesión para abordar la situación generada por la detención de Mariaca.
La sesión, inicialmente prevista para el lunes, fue adelantada para el viernes 2 de octubre debido a la gravedad de la situación institucional.
El vicepresidente Lara, según los reportes publicados, respaldó la convocatoria, aunque advirtió que la sesión no debía utilizarse para destituir arbitrariamente al fiscal general ni para designar directamente a un sustituto sin seguir el procedimiento correspondiente.
De esta manera, el caso dejó de ser únicamente una investigación penal contra funcionarios y pasó a convertirse también en una disputa sobre la continuidad institucional del Ministerio Público.
Una investigación con versiones enfrentadas
Uno de los aspectos centrales del caso es que existen dos narrativas claramente diferenciadas.
Por un lado, la Fiscalía General denunció que Mariaca fue aprehendido de manera irregular y cuestionó el ingreso de policías a sus instalaciones. Funcionarios del Ministerio Público utilizaron el término “secuestro” para describir lo sucedido.
Por otro lado, el Gobierno sostiene que se trató de una operación policial sustentada legalmente y que existen elementos que justifican investigar a Mariaca y a otros funcionarios por presuntos delitos relacionados con corrupción y narcotráfico.
La diferencia entre ambas versiones deberá ser resuelta mediante los mecanismos judiciales correspondientes.
Es importante distinguir entre una acusación, una aprehensión y una condena. La detención permite que una persona sea puesta a disposición de las autoridades mientras se desarrolla una investigación, pero no determina por sí sola su responsabilidad penal.
En este caso, las acusaciones contra Mariaca provienen tanto de autoridades bolivianas como estadounidenses, pero su responsabilidad penal tendrá que determinarse mediante el debido proceso.
Dinero incautado durante los operativos
Otro elemento que incrementó la atención sobre la investigación fue el hallazgo de dinero durante los operativos.
Según información difundida por EFE, la Policía Boliviana decomisó aproximadamente 303.270 dólares que estaban ocultos en una ambulancia que había salido del condominio donde residía Mariaca.
El Gobierno vinculó ese dinero con posibles actividades ilícitas, mientras que la investigación deberá establecer su procedencia, quién era su propietario y cuál era el propósito de su traslado.
El hallazgo se convirtió en uno de los elementos presentados por las autoridades para justificar la amplitud del operativo.
El antecedente de Sebastián Marset
La figura de Sebastián Marset es fundamental para comprender el contexto.
El narcotraficante uruguayo había conseguido permanecer prófugo durante un periodo prolongado antes de ser localizado y detenido en Bolivia. Estados Unidos posteriormente lo trasladó a ese país para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.
El Departamento de Justicia estadounidense sostiene que la organización de Marset tenía operaciones internacionales y movía grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica hacia otros mercados.
La investigación actual busca determinar si funcionarios bolivianos colaboraron con esa estructura y, específicamente, si Mariaca utilizó su posición dentro del Ministerio Público para favorecerla.
Por ahora, esas afirmaciones forman parte de la investigación y de los señalamientos realizados por las autoridades.
¿Qué puede ocurrir ahora?
El futuro inmediato del caso depende de varios procesos paralelos.
El primero es la investigación penal contra Mariaca y los otros funcionarios aprehendidos. Las autoridades deberán establecer cuáles son los delitos concretos que se atribuyen a cada persona y presentar los elementos de prueba correspondientes ante las instancias judiciales.
El segundo es la situación institucional de la Fiscalía General. La detención de su máxima autoridad dejó abierta una discusión sobre la suplencia temporal y sobre el procedimiento que debe seguirse para determinar quién ocupará el cargo durante el resto del periodo para el que Mariaca fue elegido.
El tercero es la actuación de la Asamblea Legislativa, que fue convocada para analizar la situación y los informes relacionados con la aprehensión.
Finalmente, también queda pendiente conocer el alcance de la cooperación entre Bolivia y Estados Unidos en la investigación de posibles redes de narcotráfico y corrupción dentro de las instituciones bolivianas.
Una crisis que trasciende el caso Mariaca
La detención de Roger Mariaca no representa únicamente un proceso contra una autoridad judicial. El caso ha abierto una disputa que involucra al Ejecutivo, el Legislativo, el Ministerio Público, la Policía y actores internacionales.
La Fiscalía sostiene que su máxima autoridad fue aprehendida de manera irregular, mientras que el Gobierno afirma que se encuentra ante una investigación contra una presunta estructura criminal enquistada en instituciones encargadas de administrar justicia.
Al mismo tiempo, Estados Unidos ya había señalado públicamente a Mariaca por presunta corrupción vinculada al narcotráfico, acusaciones que el exfiscal general rechazó.
La sucesión de acontecimientos —las sanciones estadounidenses, las denuncias relacionadas con Sebastián Marset, el operativo policial, la detención de Mariaca y la posterior disputa por la conducción de la Fiscalía— ha convertido el caso en una de las principales crisis institucionales de Bolivia en los últimos días.
El punto central ahora será determinar, mediante investigaciones y procedimientos judiciales, cuáles de las acusaciones pueden ser sustentadas con pruebas y cuál será el camino institucional para garantizar la continuidad del Ministerio Público.
