Tuvieron que pasar cinco años para que Lina María Vega Sarmiento, procuradora delegada disciplinaria de juzgamiento, emitiera su primera decisión en el caso de la muerte de Cristian Hernández, joven que perdió la vida a manos de uniformados de la Policía durante las manifestaciones del 9 de septiembre de 2020 en Bogotá. La resolución, lejos de ofrecer justicia plena, terminó generando una fuerte controversia: un coronel y un patrullero resultaron absueltos, mientras que un teniente recibió una sanción de apenas cinco meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos.
La medida disciplinaria fue interpretada por amplios sectores sociales como un castigo simbólico frente a la gravedad de los hechos. El diario El Espectador publicó el fallo y lo calificó en su editorial como “una sanción risible de la Procuraduría”, señalando que decisiones de este tipo afectan la confianza ciudadana en los órganos de control y perpetúan la impunidad.
Dos días después de conocerse esa publicación, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, anunció la destitución inmediata e irrevocable de la funcionaria Vega Sarmiento. La decisión sorprendió en los círculos judiciales, no solo por lo inusual de una destitución en esas condiciones, sino también porque se interpretó como un golpe a la autonomía de los delegados de juzgamiento.
Eljach justificó su decisión en la necesidad de garantizar la credibilidad de la Procuraduría frente a casos de alto impacto, especialmente aquellos que involucran abusos de autoridad en el marco de la protesta social. Sin embargo, la sanción impuesta a la procuradora deja interrogantes sobre la forma en que la entidad maneja procesos de esta magnitud y sobre el alcance real de las sanciones disciplinarias contra miembros de la Fuerza Pública.
El caso de Cristian Hernández hace parte de los múltiples procesos que se abrieron tras las protestas del 9 de septiembre de 2020, en las que murieron al menos 13 personas en diferentes sectores de Bogotá y Soacha. Hasta hoy, familiares de las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que la justicia ha sido tardía e insuficiente.
Con la destitución de Vega Sarmiento, el proceso disciplinario podría reabrirse bajo la conducción de un nuevo delegado, lo que genera expectativas sobre si habrá un cambio de rumbo o si persistirá la percepción de impunidad.
