Dos patrulleros de la Policía Nacional retuvieron ilegalmente a un ciudadano en Bogotá y le quitaron $753 millones en efectivo. El hecho ocurrió el 19 de enero de 2021, cuando los agentes, asignados al Grupo de Protección de la Rama Judicial, abandonaron sus funciones para ejecutar el operativo ilícito. Destituidos dos patrulleros de la Policía por retención ilegal y robo millonario.
Los patrulleros Fabián Mauricio Castillo Bernal y Erwin Stid Quintero Acosta actuaron en coordinación con un oficial superior. Interceptaron a la víctima en San Andresito, lo privaron de su libertad de manera arbitraria y le confiscaron el dinero que transportaba para una transacción comercial.
Para evitar ser reconocidos, los uniformados alteraron la placa de la moto en la que se movilizaban y usaron chaquetas oficiales pertenecientes a un exfuncionario retirado. Las pruebas recolectadas demostraron que el operativo fue planeado con antelación.
Sanción definitiva por falta gravísima y a título de dolo
La Procuraduría General de la Nación calificó la conducta de los patrulleros como una falta gravísima cometida a título de dolo. La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento aseguró que los elementos probatorios eran “suficientes, precisos y concordantes” para responsabilizarlos del delito.
El fallo en segunda instancia confirmó la destitución e inhabilidad por 20 años para ejercer cualquier cargo público en Colombia. Esta decisión es definitiva y no admite recurso alguno. La Procuraduría ratificó que los patrulleros actuaron con total conocimiento y voluntad de vulnerar la ley.
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Más casos recientes de abuso de autoridad en la Policía
Este escándalo se suma a otras sanciones impuestas por la Procuraduría a miembros de la Policía. Hace menos de un mes, el ente de control sancionó a la patrullera Erika Judith Pérez Romero por agredir con una tonfa a un joven en Bogotá, en el humedal Juan Amarillo.
La Procuraduría advirtió que este tipo de conductas afectan gravemente la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la seguridad pública. También recordó que cualquier ciudadano puede denunciar abusos de autoridad ante la Fiscalía, la misma Policía, la Personería o la Defensoría del Pueblo.
