La Procuraduría inhabilitó por 17 años a Harold Steven Izquierdo por ingresar droga al Coiba.
El sistema penitenciario colombiano vuelve a estar en el ojo del huracán tras evidenciarse nuevas irregularidades dentro de los centros de reclusión, pues, hace unos días se dio a conocer por parte de la Procuraduría General de la Nación sobre la destitución e inhabilitación de un auxiliar bachiller del cuerpo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), de acuerdo con la información brindada por las autoridades el implicado sería Harold Steven Izquiero y sería el encargado de ingresar 32,9 gramos de anfetamina en polvo en el complejo carcelario y penitenciario con alta y media seguridad de Ibagué, acción que hizo que este quedará por 17 años fuera de sus funciones.
Según una investigación, Izquierdo para el año 2023 más exactamente el 18 de octubre habría intentado ingresar cerca de tres paquetes que en su interior contenía una sustancia rosada el cual estaba distribuido en 49 papeletas, las cuales habrían dado positivo en anfetaminas con anillo sustituido, dicha sustancia fue incautada antes de que este lograra ingresarla.
Ante su historial, el disciplinado era consciente que se encontraba vulnerando una de las responsabilidades que tenía a su cargo, acciones que también tenía conocimiento el ente de control y de acuerdo con el Ministerio Público, Izquierdo, incumplió los principios de transparencia y legalidad al no acatar las órdenes y normativas propias de su función como auxiliar, por ello, la falta fue calificada como gravísima con dolo y podría ser apelada ante la Procuraduría Delegada de Juzgamiento.
Cabe señalar que para finales del año pasado, se realizó un megaoperativo en 11 cárceles del país dejando en evidencia la corrupción interna, con la captura de ocho personas, seis de ellas guardianes del INPEC, acusados de graves delitos como concierto para delinquir y favorecimiento para la fuga de presos. Además, se incautó un arsenal de elementos prohibidos, incluyendo armas blancas, celulares, drogas y dispositivos electrónicos, lo que demuestra la falta de control dentro de estos establecimientos.
Para nadie es un secreto que las cárceles en Colombia se han convertido en focos de corrupción, donde los reclusos acceden a privilegios impensables, como conexión a internet, telefonía móvil e incluso bebidas alcohólicas. La cárcel de Picaleña, en Ibagué, fue una de las intervenidas y a la fecha no se han presentado cambios significativos. Entonces, ¿hasta cuándo se tomarán medidas serias para frenar estas irregularidades? ¿Cuántos operativos más se necesitan para que realmente haya un control efectivo en los centros penitenciarios del país?
