El Pentágono lleva semanas planificando un posible despliegue de miles de miembros de la Guardia Nacional en Chicago, con una implementación que podría iniciarse tan pronto como septiembre de 2025. Esta operación forma parte de una campaña federal más amplia contra el crimen, la inmigración indocumentada y la indigencia, siguiendo ya intervenciones similares en Washington D.C. y Los Ángeles.
El objetivo declarado es reforzar las operaciones de justicia y orden civil. No obstante, parte de los planes implican coordinar con agencias como ICE (Inmigración y Control de Aduanas), y se ha gestionado el uso de la Estación Naval Great Lakes, cercana a Chicago, como posible centro logístico para esos operativos de migración.
Reacciones de autoridades locales y legistas
El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, han rechazado categóricamente la medida. Ambos líderes destacan que no han recibido ninguna solicitud formal del gobierno federal para permitir el despliegue, y califican la iniciativa como un “apropiación peligrosa del poder” y un acto de “teatro político autoritario”.
Legalmente, el traslado de tropas bajo control federal requeriría invocar la Ley de Insurrección de 1807 o declarar una emergencia nacional, mecanismos que son cuestionados ampliamente. Además, la Ley Posse Comitatus prohíbe el uso del ejército en funciones policiales locales, sumando incertidumbre sobre la validez jurídica del plan.
Datos sobre criminalidad y politización
Contrario al relato de caos y violencia que expone el gobierno federal, estadísticas recientes indican que los crímenes violentos han disminuido en Chicago durante el último año (por ejemplo, homicidios -30 %, tiroteos -40 %).
En contraste, figuras como el pastor Corey Brooks, líder de un grupo de prevención de violencia, defienden el despliegue militar como una medida temporal necesaria, asegurando haber visto efectividad en ciudades como Washington D.C., donde tras el paso de la Guardia Nacional se registraron periodos sin homicidios.
Escenario nacional y riesgo institucional
Este nuevo foco en Chicago forma parte de una estrategia federal más amplia que apunta a ciudades lideradas por demócratas, muchas con políticas de «ciudad santuario». En ese marco, se plantea un modelo replicable en Nueva York, Baltimore, San Francisco y Oakland, lo que podría alterar los equilibrios entre los niveles de gobierno y generar un precedente histórico sobre el uso de fuerzas armadas en seguridad urbana.
Numerosos expertos alertan que estas acciones podrían socavar la democracia, erosionar la soberanía estatal y promover un uso excesivo del poder ejecutivo.
Conclusión
El plan del gobierno federal de enviar tropas a Chicago representa una confrontación directa con la gobernanza local. Mientras que la Casa Blanca argumenta que la medida responde al orden público y la seguridad, autoridades locales lo ven como una maniobra ilegal, innecesaria y cargada políticamente. La batalla diplomática y legal recién empieza.
